Congreso de la República del Perú aprobó el proyecto de resolución legislativa 6672, con 73 votos a favor, 30 en contra y 4 abstenciones. Esta decisión también reactiva el acuerdo bilateral entre Perú y Estados Unidos para combatir el uso indebido, la producción y el tráfico ilícito de drogas, firmado en 1996.

Desde 1995 hasta el 2001, existió un plan diferente de interdicción aérea en conjunto con Estados Unidos que permitió la interdicción de 14 avionetas. Sin embargo, fue cancelado cuando la número 15 se derribó con un grupo de cinco misioneros estadunidenses a bordo, producto de ello una madre y su hija murieron.

En el 2005 se retomaron las actividades, pero volvieron a ser paralizadas luego de una aprobación de la Ley 30339, sobre el control y vigilancia del espacio aéreo. En el año 2019, se iniciaron nuevas negociaciones del acuerdo y el 24 de agosto de 2023 la entonces ministra de Relaciones Exteriores, Ana Gervasi, y la embajadora de los Estados Unidos en Perú, Lisa Kenna, lograron levantar el bloqueo impuesto para la interdicción aérea a avionetas sospechosas por actividades de narcotráfico.

Según informó el congresista Alejandro Aguinaga, jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso [comisión que trabajó la propuesta impulsada por el Ejecutivo], la interceptación no implica necesariamente el derribo obligatorio de las avionetas, sino que una aeronave peruana podrá custodiarla para que aterrice. También se podrán evitar despegues. En el caso de que una de las avionetas abra fuego contra las Fuerzas Armadas, en legítima defensa se podrá realizar el derribo o una respuesta.

Según información de la Fuerza Aérea del Perú, al día ingresan de tres a cuatro avionetas a territorio peruano, llevándose así un aproximado de 1,05 toneladas diarias de droga. Cabe resaltar que durante el año 2022, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) calculó un total de 95.008 hectáreas de hoja de coca ilegal en todo el país, con mayor incidencia en el Vraem, Madre de Dios, Loreto, Ayacucho, Cusco y Ucayali.

Precisamente entre los márgenes de los ríos Pichis, Palcazu y Pachitea (los cuales curzan Huánuco, Pasco y Ucayali), en 2022 Devida identificó más de cincuenta pistas clandestinas de aterrizaje. En tanto, vía fluvial, la cuenca del río Putumayo, zona fronteriza con Colombia, se ha vuelto un importante sector para las bandas criminales y el narcotráfico, según información policial.

Grupos armados organizados como los Comandos de la Frontera y remanentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), estarían en constante negociación con clanes familiares vinculados al tráfico ilícito de drogas. Por otro lado, al límite con Brasil, las organizaciones criminales como el Comando Vermelho (CV) y el Primer Comando de la Capital (PCC), habrían desplazado sus redes no solo en la triple frontera amazónica, sino también en Ucayali hasta el VRAEM.

Fuentes policiales de El Comercio refirieron que el principal puente aéreo de droga se dirige hacia Bolivia. Ahí los cargamentos son descargados y serían trasladados hasta Uruguay, donde saldrían vía marítima con dirección a Europa.

“Las zonas cocaleras, las más calientes, se van a interceptar”, declaró Aguinaga. Asimismo, informó que el convenio sería implementado durante los meses restantes del 2024 y todo el 2025, esperando que esté activo al 2026 con la logística necesaria para enfrentar el narcotráfico.

Según departamentos, Ayacucho acumula la principal cantidad de sembríos de arbusto de hoja de coca en producción, con un total de 18.469 hectáreas. Seguido por Cusco con 16.009 hectáreas, Ucayali (14.531 hectáreas), Loreto (13.844 hectáreas) y Puno (11.347 hectáreas). Según declaró el congresista Aguinaga, los sectores más golpeados por el narcotráfico, serán los priorizados para proceder con las interceptaciones.

Además de las acciones aéreas, el Gobierno también plantea la sustitución de cultivos ilícitos por cultivos lícitos mediante programas de desarrollo alternativo y la implementación de políticas públicas a fin de fortalecer la defensa del espacio aéreo.

Mariano Gonzales, exministro de Interior, declaró que es necesario que el Estado realice un plan integral contra el narcotráfico más allá de la aprobación de el convenio que sí es un paso positivo, pero no el único que se debería ejecutar.

“El convenio en sí no soluciona el problema del narcotráfico. Es un punto importante porque se reabre la cooperación con los Estados Unidos. El Estado debe responder de manera integra. [...] Se requieren políticas integrales de desarrollo, integración y económicas”, expresó el exjefe de la cartera Interior.

El exministro del Interior Rubén Vargas indicó que según informes reservados la cantidad de narcoavionetas que salen del país diariamente alcanza la cifra de 14. Él, al igual que Gonzales, resaltó que es importante la implementación de un plan integral en contra del narcotráfico.

“El control de la ruta aérea es importante, pero tiene un peso relativo”, señaló en relación al poco control de las otras vías por donde la droga es transportada: terrestre y fluvial. Si bien se podría controlar el movimiento aéreo, aún existen otros sectores casi abandonados donde el narcotráfico logra sus cometidos.

“En todo caso, antes de controlar estas cifras fluviales, aéreas y terrestres, sería importante evitar que se procese la cocaína y eso es tener el control en las zonas de producción de coca. Si hay presupuesto suficiente, ¿por qué no se entra a erradicar al VRAEM? ¿Cuál es la razón técnica para que hayan desactivado la base de Alto Anapati en el Vraem?”, dijo.