(EFE). El Gobierno mantiene actualmente 12 procesos de consulta previa con comunidades indígenas y ya ha concluido la etapa de diálogo en otros cuatro, en todos los casos por medidas que pueden afectar sus derechos, informó hoy la ministra de Cultura, Diana Álvarez-Calderón.
“El tema fundamental para el Ministerio de Cultura es crear la confianza en el proceso, porque pensamos que realmente es la única manera de que el Estado tenga presencia en todo su territorio y que se respete a las personas que viven en los territorios alejados”, afirmó Álvarez Calderón en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros en Lima.
La ministra señaló que el proceso de consulta previa debe generar que “la inversión publica y privada se dé cuenta de que es la única manera de operar bien en un país que respeta a sus ciudadanos”.
La viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, también presente en la conferencia, explicó que dos de los procesos concluidos están vinculados al tema de hidrocarburos, referidos a los lotes petroleros 169 y 195, ubicados en las regiones Ucayali y Huánuco, respectivamente.
Los otros dos se refieren a temas ambientales, sobre el Parque Nacional Sierra del Divisor y el área de conservación regional Maijuna-Kichua, en ambos casos en la región amazónica de Loreto.
Las etapas de un proceso de consulta previa son siete y van desde identificar la medida legislativa o administrativa a consultar, y a los pueblos nativos que pueden ser afectados, hacer publicidad de la medida e informar sobre ella, someterla a una evaluación interna en las comunidades originarias, ejecutar un diálogo entre representantes del Estado y de los indígenas y, finalmente, tomar una decisión.
La consulta previa no implica un derecho de veto por parte de los indígenas, sino que es un mecanismo de diálogo que tiene como objetivo llegar a un acuerdo con el Estado, que tiene la última palabra sobre los temas consultados y debe adoptar medidas para garantizar los derechos colectivos y mejorar la calidad de vida.
Álvarez-Calderón especificó que las comunidades que sientan afectados sus derechos colectivos pueden solicitar la ejecución del proceso de consulta.
“El Estado es el que inicia la consulta previa cuando encuentra que hay la posibilidad de hacer una inversión y va a haber derechos de los pueblos indígenas afectados. Se hace la salvedad de que aún cuando no quisieran, la comunidad siempre puede tener derecho a la petición”, indicó.
La ley de consulta previa fue aprobada en Perú en septiembre de 2011 y entró en vigencia en abril de 2012, una medida que destacó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al señalar que era el primer país de la región en crear instrumentos para cumplir con el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales.
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