La minería ilegal continúa su expansión, incluso en zonas intangibles del territorio nacional. En los últimos dos años, al menos cinco áreas naturales protegidas (ANP) por el Estado han sufrido la invasión y la contaminación de extractores ilegales de oro.
Se trata de los parques nacionales Sierra del Divisor (Loreto y Ucayali), Cordillera del Cóndor (Amazonas) y Huascarán (Áncash), así como de las reservas nacionales Tambopata (Madre de Dios) y San Fernando (Ica).
En estas últimas, entre el 21 y el 24 de enero de este año, el gobierno realizó interdicciones (destrucción de maquinaria e insumos químicos) que representaron una pérdida para los mineros superior a los S/2 millones.
Las recientes operaciones desarrolladas por la policía y las Fuerzas Armadas han permitido determinar que algunas mafias dedicadas a este ilícito negocio son itinerantes.El alto comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Antonio Fernández Jerí, señaló que en marzo del 2015 ya se había realizado una interdicción en la reserva de San Fernando, donde se destruyeron equipos valorizados en más de S/1 millón.
“Esperamos haber erradicado la minería ilegal al ciento por ciento en esta zona”, expresó Fernández Jerí, quien actualmente dirige otra interdicción en el norte del país.
Última operación
En la reserva nacional San Fernando, la interdicción se llevó a cabo en dos sectores del cerro Huaricangana. En la zona sur se clausuraron siete socavones de entre 80 y 300 metros de profundidad, donde había motores, carretillas, baterías de carro, galones de combustible, tanques para almacenamiento de agua y compresoras de aire. Dichas herramientas y equipos fueron destruidos junto con 10 campamentos o ranchos provisionales instalados en esta zona.
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