Temen que el narcotráfico y los taladores ilegales cumplan sus amenazas. Llevan años exigiendo la intervención de las autoridades para detener la depredación de sus bosques; incluso han viajado hasta Lima y se han reunido con ministros y funcionarios de alto nivel. Sin embargo, lo único que han conseguido hasta ahora son advertencias de las mafias.
La comunidad nativa Flor de Ucayali se localiza en Masisea, uno de los siete distritos que conforma la provincia Coronel Portillo, en la región Ucayali. Aquí viven unas 400 personas del pueblo shipibo-konibo. Su territorio comunal alcanza las 21 mil hectáreas de bosque.
La más reciente amenaza ocurrió no hace mucho, de madrugada. Tres hombres desconocidos descendieron de una embarcación y golpearon la puerta de la casa Saúl Martínez, el presidente de comité de vigilancia de Flor de Ucayali. Lo llamaron por su nombre y tocaron en varias oportunidades. El líder indígena no salió. Los sujetos se fueron.
Esto ocurrió días antes de que las autoridades ingresen a una de las zonas afectadas de este territorio indígena. El pasado 1 de julio, un grupo de 24 personas entre fiscales, funcionarios de Serfor y Osinfor, policías y marinos localizaron chozas, chacras de cocales con plantaciones recientes y anteriores, insumos para la preparación de pasta básica de cocaína, huellas de reciente ocupación y dos pozas para macerar la droga.
Según el reporte oficial, se erradicó una hectárea de cultivos de coca, se incendiaron seis chozas y volaron un dron para verificar la presencia de alguna persona y observar la magnitud del daño. La zona que inspeccionaron es, según precisan en la comunidad, apenas un área pequeña de las 2.500 hectáreas de bosque primario deforestadas en los últimos años.
Desprotegidos
Si bien lo que la comunidad venía pidiendo hace años es este tipo de intervenciones, lo que ahora están reclamando es que tras la operación no hay ningún tipo de resguardo.
Miguel Guimaraes, presidente de Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (Feconau), reclama que no hay presencia policial y los miembros de esta comunidad se han tenido que organizar en patrullas para vigilar el pueblo las 24 horas.
“Me reuní con un coronel de la Policía, para manifestar nuestra preocupación. Lo que nos ha respondido es que tiene personal pero no la logística para enviarlo a Flor de Ucayali. En un bote a motor son siete horas de viaje”, comentó el líder indígena.
Guimaraes está amenazado de muerte desde el año pasado. En octubre del 2020, tras presentar varias denuncias públicas contra las mafias del narcotráfico y tala ilegal, recibió en su teléfono videos de personas descuartizadas. “Me dijeron que si seguía denunciando, eso me pasaría”, contó.
Él, junto a otros líderes amazónicos, estuvo en Lima en octubre del 2020 y se reunió con el entonces ministro del Interior, con varios congresistas, con la coordinadora de Fiscalías Ambientales del Ministerio Público y otras autoridades para que, entre otras cosas, el Estado les dé resguardo y se refuercen las acciones contra las mafias.
“En la práctica no hay ninguna respuesta respecto a las reuniones que hemos sostenido. Solo Devida va a invertir medio millón de soles para hacer piscigranjas, pero en la zona del conflicto no ha habido ninguna respuesta, excepto esta última intervención de la mesa de vigilancia forestal. Lo que pedimos es que tengan una estrategia de resguardo a la comunidad”, declaró a El Comercio.
Según información que manejan, en los caseríos dedicados al cultivo de coca destinada al narcotráfico estarían preparándose para hacer frente a una segunda intervención que harán las autoridades en las zonas más afectadas por la deforestación. Estos espacios depredados se ubican a unas cinco horas desde Flor de Ucayali.
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