Hoy es el Día de la Convención de los Derechos del Niño, pero en el Perú no hay nada que celebrar. Lo sabe la familia de Jimenita, la niña de 11 años que fue secuestrada, violada y quemada a inicios de año en San Juan de Lurigancho. También los papás de Kelly, quien fue raptada, violada, estrangulada y luego lanzada a un descampado en Barranca. Y ahora lo sabe la niña de 14 años que vive en Ventanilla y que tuvo que dispararle al ex esposo de su madre para no ser violada, pese a que ya lo había denunciado por acosarla constantemente.
“Cuando pasó lo de Jimena, todos lloraron y prometieron tomarse en serio los derechos de los niños y las niñas, pero ni las autoridades ni los adultos nos tomamos en serio que hay que invertir recursos para garantizar esos derechos. El mensaje político que nos dejan es terrible”, opina María Villalobos, directora de la ONG Save the Children-Perú.
Villalobos se refiere al dinero que el Estado designa para atender y proteger a los niños, niñas y adolescentes del país. Las estadísticas oficiales indican que el 76% de las víctimas de violación sexual son menores de edad y el segundo delito con más presos en el país (8.430) es el de violación sexual a menores de edad.
“Si miramos cuánto se está invirtiendo en niñez, está primero el sector educación, luego salud, y luego la protección de los niños frente a la violencia; para esta última función se destina menos del 1% del presupuesto”, advierte Lourdes Febres, coordinadora general de la ONG Acción por los Niños.
—Niños desprotegidos—Veamos las cifras. En el 2017, se designó el 20% (poco más de S/28 mil millones) del Presupuesto General de la República a los sectores que cuentan con programas que benefician a niños, niñas y adolescentes. En el 2018, este monto pasó a ser el 18% (casi S/29 mil millones) del presupuesto general (ver infografía).
Según Ana María Güémez, especialista en políticas sociales de Unicef, el gasto promedio para los niños en América Latina va entre el 24% y 25% del gasto público total. “Es una tendencia que hemos visto desde el 2013”, afirma.
En el Perú, la mayoría de los recursos destinados para los niños fueron ejecutados en el sector educación, en especial en el programa Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular, orientado a mejorar y ampliar la calidad educativa tanto de alumnos como docentes. En segundo lugar, está el sector salud. Los recursos se dividen entre los programas destinados a disminuir la desnutrición crónica infantil, la salud materno neonatal y el VIH.
Donde menos se invierte y se gasta (menos del 1% de lo destinado a niños y adolescentes) es en el sector de protección social, que incluyen los programas de lucha contra la violencia familiar y los niños en abandono.
“Es importante hacer un zoom y ver cuánto se está destinando a la atención y cuánto a la prevención. Otro tema importante es ponerle foco al nivel de especialización en los operadores de justicia para prevenir la violencia de género”, explica Güémez.
La viceministra de Poblaciones Vulnerables del MIMP, Cecilia Aldave, reconoce que se necesita más presupuesto para luchar contra la violencia y evitar casos como los de Jimenita y Kelly.
Asegura que con los recursos que tienen han logrado crear 6 nuevas unidades de protección especial para brindar acogida a los niños en riesgo. Además, el sector cuenta con 5 centros de acogida residencial de urgencia.
Aldave afirmó que el sector ha pedido más recursos para el próximo año. Según el proyecto presentado al Congreso, para el 2019 se está proponiendo aumentar en 165,5% el presupuesto destinado para el programa de lucha contra la violencia familiar. “Una parte del presupuesto del 2019 que se está pidiendo para protección social es para crear más centros de acogida residencial”, anuncia la funcionaria.
—Lo que dice la ONU—Desde hace 6 años, el Estado Peruano creó el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021. En el 2015, incluso, se le dio rango de ley para que los derechos del niño se prioricen en la agenda pública.
Según la viceministra, los encargados del plan ya se han reunido 37 veces y, estima, ya se ha logrado un avance del 50% respecto a los 52 indicadores que se establecieron en el documento.
“Nosotros somos maravillosos haciendo papeles. Si nos concentráramos en cumplir ese plan ya estaríamos tratando en serio a la infancia, pero no es así”, critica Villalobos, de Save the Children.
Para el comité de la ONU, que vela por el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, es preocupante que sean escasos los recursos asignados a la ejecución de este plan y que no haya indicadores para supervisarlo y evaluarlo.
En las recomendaciones presentadas al Estado Peruano en el 2016, la ONU critica el número de denuncias y la falta de investigaciones sobre los actos de violencia contra los niños, particularmente por violencia sexual.
Además, pide que se aplique una estrategia que incluya programas de sensibilización y campañas educativas para eliminar los estereotipos de género, y que se prohíba expresamente la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. La ONU propone también que en el Perú se cree un viceministerio dedicado exclusivamente a los niños, niñas y adolescentes.
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