La historia de Fabián Merino, inversionista y regidor de Piura, es similar a la que viven cientos de empresarios del sector construcción del país. Cuando él inició la construcción de una sede de Ripley en dicha ciudad, una banda de extorsionadores lo visitó y le exigió el 5% del presupuesto de la obra y 8 o 10 sueldos para empleados fantasmas. Por miedo, pagó. Pese a que denunció el hecho públicamente, igual lo siguieron extorsionando: tuvo que cambiar de número de celular hasta cinco veces.
Juan Chávez, presidente de la Cámara Peruana de Construcción (Capeco) de Piura, dice que en regiones como La Libertad y Piura el 100% de empresas pagan cupos. Para ubicarlos, los delincuentes averiguan en los municipios —a través de cómplices o del sistema de transparencia— qué compañías obtienen las licencias y qué obras públicas les adjudican. Con ello llegan a saber, también, quiénes son sus representantes, sus direcciones y, además, datos de sus familiares. El Comercio conversó con empresarios de Trujillo, Chiclayo, Piura, Ica, Arequipa y Lima, quienes por seguridad no dan sus nombres, y revelaron que si no pagan cupos pueden atentar contra sus familias. “En cualquier momento podemos recibir una carta con una bala o una dinamita, o peor aún, la visita de un grupo armado”, dijo uno de los afectados.
Aprovechándose del miedo de quienes no denuncian las amenazas ante la policía, los criminales pueden llegar a cobrar por ‘chalequeo’ (seguridad) hasta S/.500.000 por toda obra o S/.50.000 mensuales.
En otros casos, las mafias exigen la contratación de trabajadores fantasmas a los que se les paga S/.500 semanales.
Fuentes de la fiscalía indicaron que solo el 3% de empresarios denuncia estos cobros. La mayoría considera los cupos dentro de su presupuesto como un costo operativo más. Así, la ilegalidad se ha vuelto parte de los negocios formales a tal punto que las incidencias en casos de extorsión aumentaron en un 50%, según Juan Carrasco, fiscal antiextorsión de Chiclayo.
La inacción policial también es una de las razones por las que no se denuncian los hechos. Según los empresarios, cuando se les pide que intervengan, algunos dicen que por S/.200 diarios pueden vigilar las obras en sus días libres. Si quieren que les ‘limpien la zona’ (sacar a los delincuentes), deben pagar hasta S/.200 diarios por agente, todo el tiempo que les lleve terminar el trabajo. Pero a veces ni siquiera sirve pagarles a los policías, según los empresarios, porque los extorsionadores les pagan más: entre S/.3.000 y S/.5.000 para que no intervengan.
Hay bandas que cuentan hasta con 200 miembros, según el Ministerio Público, como es el caso de la Nueva Gran Familia, encabezada por el Tayta Jack en Lambayeque y Piura. En cambio, los grupos antiextorsiones de la policía no superan los 12 agentes, según Wilson Sánchez, jefe de la Divincri de Chiclayo.
El gobierno reconoce la preocupación por este tema, que ya se tocó en las reuniones sobre de seguridad [la última hace dos días en Trujillo]. Las autoridades asumen que algo se tiene que hacer para frenar la violencia que se vive en este sector.
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