En los más de seis meses que tiene la actual gestión, la Comisión Regional Anticorrupción de Piura no ha podido realizar sesiones ordinarias debido a la falta de secretario técnico, cargo cuya designación corresponde al gobernador regional, Servando García Correa.
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Debido a esa carencia, los integrantes de la comisión no han podido reunirse para evaluar políticas de corto, mediano y largo plazo para la prevención y lucha contra la corrupción. Tampoco se ha aprobado el Plan Regional de Lucha contra la Corrupción, donde figuran las actividades que se deben realizar para abordar las denuncias.Esta semana, a través de la resolución 552-2019, el gobernador Servando García encargó temporalmente la secretaría técnica al abogado José Manuel Martínez Gómez, mientras evalúa una designación oficial, que sería en las próximas semanas.
Adicionalmente, José Martínez es jefe de la Oficina Regional Anticorrupción, pese a que el 20 de junio pasado el Consejo Regional de Piura dejó sin efecto su designación en ese puesto y le denegó la confianza por tener familiares trabajando en la gestión. En su lugar, por acuerdo regional 1579-2019, se propuso al abogado Jesús Henry Peña Guerrero.
“Las propuestas se evalúan y de acuerdo a eso se determina. En el transcurso de estos días debe haber una designación. La traba son los perfiles, exigen bastantes requisitos”, señaló el gobernador Servando García al justificar la demora en la designación.
Según el gerente del Gobierno Regional, Jesús Torres, el encargo de la secretaría técnica recayó en José Martínez porque, tras evaluar el currículo de Henry Peña, este no anexaba la documentación necesaria para acreditar su experiencia. “El encargo es temporal, hasta que el gobernador designe a alguien. No le veo ningún inconveniente”, sostuvo Torres.Para el consejero Alfonso Llanos, esta decisión ejecutiva supone un enfrentamiento con el Consejo Regional, debido a que “nosotros le hemos quitado la confianza al actual jefe anticorrupción y ahora le están encargando la secretaría técnica”. Llanos sostuvo que ello genera retraso en las investigaciones a cargo de la Comisión Regional Anticorrupción.“Hay casos gravísimos que se encuentran estancados: las denuncias de corrupción en las Ugel, por ejemplo, que vienen de la gestión anterior. Y ahora estos contratos de locadores de servicios, que deben ser aclarados por el gobernador”, dijo el consejero regional.La falta de sesiones ordinarias de la Comisión Regional Anticorrupción imposibilita a la actual presidenta de la Junta de Fiscales de Sullana, Gladys Péndola, asumir formalmente el cargo de presidenta del mencionado grupo de trabajo.Con ello, no se cumple la Ley N° 29976, sobre la creación y funciones de las comisiones regionales anticorrupción, ni la ordenanza regional N° 263-2013, que adecuó la comisión a la legislación nacional y ratificó las funciones de sus órganos de trabajo.
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