Tres exalcaldes de la región Piura que son procesados por corrupción siguen prófugos de la justicia. De ellos, dos tienen sentencia vigente, mientras que el otro tiene una orden de prisión preventiva.Se trata del exalcalde de Sullana Jaime Bardales Ruiz (2007-2010), quien se mantiene en la clandestinidad desde noviembre del 2016, cuando fue sentenciado a 13 años y 8 meses de prisión efectiva por los delitos colusión agravada y falsedad ideológica en el caso del estadio municipal Campeones del 36.
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En abril del 2018, la condena de Bardales fue reducida a 7 años por la Sala Penal de Lima Centro. El exalcalde está incluido en la lista de “Los Más Buscados” del Ministerio del Interior y por información sobre su paradero se ofrece una recompensa de S/ 50.000.
También está prófugo el exalcalde de Catacaos, José Mercedes More López, elegido para tres periodos (1990-1993, 2006-2010 y 2010-2014). En marzo del 2019, fue sentenciado a cuatro años de prisión efectiva por el delito de colusión simple en la concesión del camal municipal. Cuatro meses después, la condena fue reducida a dos años.
La tercera ex autoridad prófuga es Christian Jaime Reque Llontop, exalcalde distrital de Lobitos, en Talara (2015-2018). En junio pasado, el Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana dictó una orden de 18 meses de prisión preventiva en su contra. Reque es investigado por el presunto desfalco por más de S/ 5 millones a la Municipalidad de Lobitos a través de contratos irregulares.
Al tener órdenes de captura vigentes, se espera que la Policía Nacional realice la búsqueda respectiva para que estos tres ex alcaldes piuranos sean internados en un penal.
Tras ser consultado al respecto, el coronel PNP Edward Espinoza López, jefe de la Región Policial Piura, respondió: “Cuando hay ese tipo de órdenes de captura, la Policía los busca a nivel nacional e inclusive alerta a nivel internacional a través de Interpol”.
- ¿Y los actuales alcaldes? -En la región Piura hay otros tres alcaldes procesados por presuntos delitos de corrupción. Se trata de Humberto Marchena, exalcalde de Ayabaca (2007-2018) y actual alcalde del distrito de Lagunas. Él es investigado por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, por lo que la Fiscalía pide para él 12 años de prisión efectiva.
Otro caso es el de la alcaldesa de Lobitos, María Excelina Chapilliquén Ruiz, quien, desde diciembre del 2018 –cuando era electa–, cumple una orden judicial de 18 meses de prisión preventiva en el penal de Mujeres de Sullana. La Fiscalía la investiga como miembro de una organización criminal dedicada a dirigir obras en la municipalidad del distrito.
Chapilliquén fue impedida de jurar al cargo y el JNE declaró su suspensión por el tiempo que permanezca en la cárcel. Su caso está relacionado con el proceso contra Reque.
Por otro lado, el actual alcalde del distrito de Sapillica (Ayabaca), Silvestre Carhuapoma Umbo, tiene una sentencia vigente de cuatro años de prisión suspendida y seis meses de inhabilitación, por el delito de negociación incompatible. La sentencia fue confirmada en abril de este año por la Sala de Apelaciones de Sullana. Carhuapoma, sin embargo, no ha sido suspendido por el concejo municipal, como corresponde de acuerdo a ley.
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