Una investigación periodística publicada este jueves por el diario The New York Times (NYT) concluye que el Ejército y la Policía peruanos utilizaron “fuerza excesiva” y dispararon a civiles desarmados y que no presentaban peligro en las protestas de diciembre y enero, que causaron sesenta muertos.
El diario asegura haber analizado cientos de videos e imágenes, revisado informes de balística y autopsias, y hablado con testigos y expertos, pero ni la Presidencia, ni el ministerio de Defensa ni la Policía Nacional de Perú han accedido a responder a sus preguntas.
La investigación se centra en ocho muertes concretas registradas en tres lugares donde se concentraron los disturbios más graves: Ayacucho (15 de diciembre), Juliaca (9 de enero) y Macusani (18 de enero); en ellos, “los militares y la Policía utilizaron tácticas letales, a menudo en aparente violación de sus propios protocolos, que estipulan el uso de fuerza razonable al responder a disturbios civiles”.
En Ayacucho, los soldados desplegados para despejar el aeropuerto no se contentaron con ello sino que “persiguieron (a los manifestantes) hasta las calles residenciales adyacentes, mientras disparaban de manera indiscriminada en dirección a los civiles que huían”.
Tras esos disparos, quedaron muertos Christopher Michael Ramos Aime, de 15 años, con un balazo en la espalda, y José Ángel Aguilar Yucra, de 20 años, con otro en la cabeza. En ambos casos balas de 5 milímetros disparadas muy probablemente por fusiles Galil entregados ese mismo día a los soldados, según informes balísticos, y en ambos casos ni uno ni otro estaban armados ni representaban “un peligro de muerte o lesiones graves”, como estipulan los protocolos militares.
En Juliaca, el diario apunta que los 18 civiles fallecidos en los disturbios “murieron por disparos en la parte superior del cuerpo, cuatro de ellos en la cabeza”, cuando los protocolos de la Policía establecen que si sus agentes son atacados “deben usar balas de goma, apuntar a las extremidades inferiores y disparar a una distancia no inferior a los 35 metros”.
Dos de los muertos en Juliaca, Paul Franklin Mamani Apaza, de 20 años, y Brayan Apaza Jumpiri, de 15 años, fueron detenidos por la Policía, y un video callejero muestra cómo los agentes los arrastran hasta que desaparecen del campo de visión; posteriormente, aparecieron sus cadáveres, sangrando abundantemente por los balazos.
La presidenta Dina Boluarte aseguró en un discurso que la Policía no usa armas letales -recuerda el diario-, pero “no ha aportado ninguna prueba que respalde esa afirmación”. Además, recuerda que hasta la fecha, “no se ha acusado ni detenido a ningún militar o agente de la Policía en relación con las muertes ocurridas en las protestas”.
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