El Poder Judicial halló culpables a cuatro personas de haber cometido delitos ambientales en las provincias de Tocache, Mariscal Cáceres y Huallaga, en la región San Martín, en agravio del Estado peruano. En ese sentido, los sentenció con más tres años de prisión suspendida en su ejecución.
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Así lo dio a conocer el Ministerio Público mediante su portal web, donde señala que los casos fueron vistos por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Mariscal Cáceres-Juanjuí y que entre los sentenciados se encuentra Clanel Sucso Silvestre (37), quien recibió tres años y seis meses de prisión suspendida por el delito de minería ilegal. Él fue intervenido en el 2013 en posesión de maquinaria y materiales utilizados para la extracción ilegal de oro en el caserío Tipishca del distrito de Nuevo Progreso, Tocache.
Otra de las personas es Reninger Cumapa Fasabi (37), quien fue sentenciado a tres años con cinco meses de prisión suspendida como autor del delito contra los bosques o formaciones boscosas, debido a que realizó la tala y destrucción de una hectárea y media de bosque secundario en una zona restringida del distrito de Huicungo, Mariscal Cáceres.
La misma sentencia recibió Denis Vargas Bautista (37) al ser hallado responsable del delito contra los bosques o formaciones boscosas al efectuar tala de producto forestal maderable de la especie cumala, sin autorización de la autoridad competente para construir su casa en el distrito de Saposoa, Huallaga.
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Finalmente, fue sentenciado Miguel Ríos Cometivos (52) con tres años y cinco meses de cárcel, al ser hallado culpable del delito de tráfico ilegal de productos forestales maderable, por trasladar -en el 2018- 381 pies tablares de madera de la especie cumala, procedentes del caserío Ahuiwa, con destino a Saposoa (Huallaga), sin contar con la documentación que acredite su autorización o procedencia lícita.
El Ministerio Público informó que las cuatro sentencias, con orden de ejecución suspendida, fueron obtenidas en abril, mediante recurso de conclusión anticipada de juicio, a solicitud del fiscal provincial Héctor Vera Santamaría.
Los sentenciados también deberán pagar sumas de dinero como reparación civil por el daño ambiental ocasionado y estarán sujetos a un período de prueba por el plazo de dos años con imposición de reglas de conducta.
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