Mientras que desde varios frentes se condenaba el secuestro de un equipo periodístico de América Televisión por rondas campesinas del distrito de Chadín (Chota, Cajamarca), el primer ministro Aníbal Torres, lejos de rechazar este acto, resaltaba ayer la labor de estos grupos en la lucha contra la delincuencia. Incluso, criticó a su paso el desempeño de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
“Ya quisiéramos que nuestras fuerzas policiales y nuestras Fuerzas Armadas brindaran la misma seguridad a todo el país”, indicó durante una sesión más del Consejo de Ministros Descentralizado, realizado en Celendín, y en la que participa también el presidente Pedro Castillo.
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Sobre lo sucedido en Chadín, el jefe del Gabinete Ministerial solo señaló que se debe investigar y averiguar si efectivamente se trató de un secuestro. En tanto, el mandatario aseguró que rechazaba “enérgicamente todo acto de violencia que vulnere las libertades personales, así como la libertad de prensa y expresión”.
En diálogo con El Comercio, el analista político y director del Grupo Fides Perú, Jeffrey Radzinsky, sostuvo que lo ocurrido el último miércoles no es un hecho aislado, sino que es producto de la narrativa de desprestigio recurrente del Gobierno hacia los medios de comunicación, fundamentales para la democracia.
“Por un lado, tenemos un presidente que en sus discursos se burla de la institucionalidad, apela a una crítica al periodismo y su relevancia, y que no rinde cuentas con los medios como corresponde en democracia. Todo esto deteriora al periodismo como institución”, comentó.
Asimismo, Radzinsky cuestionó al Congreso por aprobar hace unos días una ley que incorpora a los comités de autodefensa en el sistema de seguridad ciudadana. De esta manera, si bien reconoció la labor que cumplen y han cumplido las rondas campesinas en gran parte del país, dijo que carece de sentido armarlas y promover su expansión.
“Casi todos los especialistas coinciden en que es una pésima ley, ya que pretende armar a los ronderos y empoderarlos aún más. Toca preguntarnos cuántas acciones delictivas e impunes seguirían ocurriendo en el país”, indicó.
La politóloga Katherine Zegarra precisó que hay una permanente incoherencia entre lo que dice el presidente sobre los medios de comunicación y lo que finalmente hace. “Más allá de las palabras y de las diferencias con la prensa, sería muy importante que el Gobierno establezca de que este tipo de actos, como el ocurrido en Cajamarca, son inaceptables en un Estado de derecho y no quedarán impunes”, señaló.
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La experta detalló que es evidente la existencia de un discurso del Ejecutivo en contra de la libertad de expresión, buscando recortar las libertades de los periodistas y su labor. Sin embargo, precisó que este accionar se da también desde el Legislativo.
“Me parece que el presidente posiciona a los medios de comunicación como actores que buscan atacar continuamente al Gobierno, sin tener en cuenta que el cuestionar es parte de su deber”, agregó.
—Ronderos se defienden—
A través de un comunicado, la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc) rechazó las acusaciones en contra de sus bases en Chadín y señaló que, según la normativa que los ampara, ellos “no cometen el delito de secuestro”.
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Ronald Bautista, abogado de la Cunarc, dijo a este Diario que previamente los ronderos habrían sido acosados por los hombres de prensa y que, por lo tanto, procedieron de acuerdo a sus costumbres.
“Todo está en materia de investigación. No se trata de un delito de secuestro. Además, no se interpuso una denuncia”, agregó.
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