GERARDO CABALLERO (@gcaballeror)
Alan García es un político hábil. Qué duda cabe. Sabe conducirse con cautela en las lides parlamentarias y judiciales. Y sabe ponerse a salvo cuando parece estar contra las cuerdas.
Pero en contadas ocasiones quedan al descubiertos sus inconsistencias: el error -nunca admitido- de jactarse de una cosa, y acabar aceptando una muy distinta. Y esta vez, recordaremos una de las últimas.
Corría mayo del 2012, y las investigaciones de la Megacomisión apenas comenzaban a cobrar brío. Juicioso, sarcástico, desafiante, García dijo que estaba “dispuesto a ser investigado y ser acusado de lo que sea”. Y, en esas mismas declaraciones a la prensa, dijo: “Yo no me defiendo con recursos de amparo ni con llantos”.
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Lo que ocurrió después es conocido: en junio del 2013, presentó una demanda de amparo contra la comisión parlamentaria que investiga los casos de corrupción de su segundo gobierno.
El objetivo era anular la presentación en la Megacomisión en la que dijo que Miguel Facundo Chinguel, hoy preso por el Caso Narcoindultos, era un hombre honesto y cumplió un buen papel al frente de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales.
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Pero, a raíz de la sentencia de la Primera Sala Civil de Lima, que declara procedente en parte (y en segunda instancia) la demanda de amparo de García, el líder aprista va un paso más allá y, en un comunicado enviado a los medios periodísticos, pretende que, según la referida sentencia y jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el Congreso de la República no puede inhabilitarlo:
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Es decir, en el Partido Aprista acaban de descubrir que el Reglamento del Congreso carece de causales tipificadas para la inhabilitación. ¿Y todas las veces que votaron por inhabilitar a algún ex funcionario?
A estas alturas, solo queda preguntarse: ¿Y dónde quedó lo de “estoy dispuesto a ser investigado y ser acusado de lo que sea”?