En los próximos días, el expresidente Alberto Fujimori saldrá en libertad debido a que el Tribunal Constitucional (TC) dispuso restituir el indulto humanitario que el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski le otorgó en diciembre del 2017.
Así, Fujimori saldrá en libertad después de haber cumplido 14 años y 6 meses de los 25 años de la sentencia por homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado que se le impuso por los casos de Barrios Altos, La Cantuta y otros.
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El caso llegó al tribunal mediante un recurso de hábeas corpus interpuesto en noviembre del 2020 a través de una “representación oficiosa” del abogado Gregorio Parco Alarcón.
El jueves, tras el debate, el TC puso a votación el hábeas corpus. Los magistrados Ernesto Blume (ponente del caso), José Luis Sardón y Augusto Ferrero, actual presidente de la institución, votaron por declarar fundada la demanda. En tanto, Marianella Ledesma, Manuel Miranda y Eloy Espinosa-Saldaña se opusieron.
Debido al empate, Ferrero usó el artículo 10-A del reglamento normativo del Tribunal Constitucional, el del voto con valor doble, para dirimir a favor del recurso que beneficia al exmandatario.
Hay un detalle relevante: cinco de los seis magistrados que participaron en este proceso tienen el mandato vencido.
Fuentes del TC señalaron a El Comercio que entre los argumentos a favor de la excarcelación de Fujimori se señaló que es una persona de avanzada edad –tiene 83 años– y con enfermedades crónicas. Además, que el indulto humanitario fue bien aplicado en su caso. Ni la sentencia ni los argumentos de los magistrados han sido aún publicados.
Además del hábeas corpus resuelto el jueves, había otras dos demandas a favor del exmandatario que estaban pendientes de resolverse en el TC. Una de ellas fue interpuesta por su abogado César Nakazaki.
Los magistrados Espinosa-Saldaña y Marianella Ledesma recordaron que “existía un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el expresidente y que no permitía dejarlo en libertad en este momento”.
Además, Espinosa-Saldaña informó que desde esta semana hasta el 8 de mayo la Corte IDH se reunirá por el período de revisión de casos. Se ha contemplado la revisión del Caso Barrios Altos.
Esperan notificación
Keiko Fujimori, excandidata presidencial e hija del exmandatario, dijo que estaba agradecida. “Esta decisión es de justicia, después de tantos años que hemos estado anhelando y esperando, sobre todo por los años que tiene mi padre y sus años de salud [delicada]”, comentó.
Agregó que se comunicó con su padre para pedirle prudencia y que está coordinando con sus hermanos para decidir dónde permanecerá este tras su excarcelación.
Nakazaki relató que, después de informar al expresidente sobre la decisión del TC, hubo “un profundo silencio y un abrazo fuerte” entre ambos.
El abogado aseguró que se encuentran a la espera de que el Tribunal Constitucional notifique la decisión a la Corte Suprema de Justicia para que se ejecute la excarcelación de su patrocinado.
Tras conocerse la decisión del TC, simpatizantes fujimoristas acudieron a los exteriores de la Diroes para expresar su satisfacción por el fallo.
Horas después, en el Centro de Lima y en diversas ciudades del país se movilizaron ciudadanos que rechazaron la decisión del organismo constitucional.
Ante la Corte IDH
El viceministro de Justicia, Juan Carrasco Millones, anunció que el Gobierno acudirá a la Corte IDH en busca de revertir el fallo.
Carrasco señaló que el Ejecutivo ha convocado a un equipo de abogados para analizar la sentencia, “que vuelve a abrir heridas que ya estaban cerrando”.
En tanto, el canciller César Landa destacó que la decisión del TC no es válida, porque va en contra de las decisiones de la Corte IDH en los casos de Barrios Altos y La Cantuta.
El mandatario Pedro Castillo afirmó: “La crisis institucional a la cual me referí en mi mensaje al Congreso se refleja en la última decisión del Tribunal Constitucional”.
Del mismo modo, dijo que los órganos de justicia internacional a los que el Perú está adscrito y el Estado de derecho “deberán cautelar el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo”.
El abogado Carlos Rivera, defensor de los deudos de Barrios Altos y La Cantuta, calificó la decisión como un despropósito y también consideró que la Corte IDH la revertirá.