Congresistas sindicados como ‘Los Niños’ no deben integrar comisiones clave, plantean Alva y Paredes

Las legisladoras de Acción Popular, María del Carmen Alva y Karol Paredes, consideraron que se ha vulnerado su derecho a integrar determinadas comisiones y que la relación de congresistas de su bancada que aparecen en las listas para ocupar determinados grupos de trabajo no ha sido aprobado por la bancada.

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En esa línea, mediante un documento enviado a la titular del Parlamento, Lady Camones, las legisladoras indicaron que los congresistas que integran el grupo denominado como ‘Los Niños’ no deberían presidir ninguna comisión, pues han pedido licencia de su militancia a la bancada de Acción Popular y son investigados por el Ministerio Público.

“El cuadro de comisiones de la bancada de Acción Popular para el periodo 2022-2023 no ha sido aprobado en una sesión de bancada. Se ha vulnerado nuestro derecho a integrar determinadas comisiones ordinarias y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de manera antidemocráticas y arbitraria”.

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“Los parlamentarios de Acción Popular que están siendo investigados por la Fiscalía de la Nación a nuestro juicio no deberían presidir comisiones ordinarias, ni la Comisión Permanente, Fiscalización, ni de Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tampoco la comisión de Ética Parlamentaria. Esta situación va a afectar la imagen del Congreso de la República y de nuestra organización política”, se lee en el escrito.

“Los congresistas investigados han solicitado licencia al partido Acción Popular, pero solo referida a “actividades partidarias” como si la licencia pudiera dividirse en partes o fracciones”, agrega el documento.

“En ese sentido alertamos a las instancias del Congreso y del país para que la representación nacional efectúe las providencias que correspondan”, expresa el oficio.

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Como se sabe, el vocero de la bancada, Elvis Vergara, y los legisladores Darwin Espinoza, Ilich López, Raúl Doroteo, Jorge Flores y Juan Mori son investigados por la Fiscalía de la Nación por tráfico de influencias, pues formarían parte de una presunta red criminal que opera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que sería encabezada por el presidente Pedro Castillo.

El Comercio informó esta semana que el último plenario y pronunciamiento realizado el sábado por el partido Acción Popular (AP) trajo consecuencias y discrepancias en la bancada de dicha organización política.