El Ministerio Público respondió las acusaciones del abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, quien afirmó que la fiscalía estaría “recortando el derecho a la defensa” al no dejarlos acceder a los expedientes vinculados al mandatario.
“Ante las declaraciones del abogado Eduardo Pachas, defensor del presidente de la República, el Ministerio Público precisa que todo abogado defensor tiene derecho a revisar la carpeta fiscal de la investigación, previa solicitud para que se le indique día y hora, señaló en su cuenta de Twitter.
Poco antes, Pachas cuestionó la actuación de la fiscalía de la Nación, que investiga al presidente Castillo por diversos delitos como organización criminal y encubrimiento personal. El lunes se conoció la última decisión del Ministerio Público, que amplió la investigación preliminar al presidente Castillo por las declaraciones del exministro Mariano González.
“El día de hoy me he apersonado, he pedido leer el expediente, copia del expediente y hablar con la fiscal encargada. Ninguno de esos casos nos ha concedido, pese a que por ley nos corresponde”, exclamó el abogado.
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Cuando se le preguntó si el presidente Castillo acudirá a la citación fiscal prevista para este viernes 4 de agosto, respondió que “contestará siempre y cuando se le garantice el debido proceso”.
“El presidente de acuerdo a ley contestará siempre y cuando se le garantice el debido proceso y acá no hay garantía, hay emboscada. A todas las citaciones que ha ido […] ha respondido al Ministerio Público de acuerdo a ley”, expresó.
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“[¿Esta vez va a responder?] De igual manera, pero pediremos que se nos garantice algo: el debido proceso, el derecho a la defensa y no emboscarlo. No puede ser que una fiscal asuma y desde su primer discurso, sin haber leído ni un expediente, diga que va a destituir al presidente de la República”, agregó.
En diciembre del 2021, el presidente declaró ante un adjunto de la fiscal de la Nación, a quien recibió en Palacio de Gobierno, por el Caso Ascensos en condición de testigo.
Posteriormente, el 17 de junio de este año, declaró ante el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, como investigado en el Caso Puente Tarata.
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En un principio, la indagación al mandatario solo era por el delito de encubrimiento personal, pero el Ministerio Público determinó que además sea investigado por el delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal.
Al tener esta condición, el plazo de investigación se adecuó a 36 meses, contados a partir del 20 de julio pasado, fecha en la que la pesquisa se abrió. El período inicial era de 60 días.
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