Por Gabriel Daly
Experto en infraestructura
El concesionario del proyecto Majes Siguas II ha solicitado la cancelación del contrato de uno de los proyectos más importantes del país, lo que podría cambiar la vida de miles de peruanos. El hecho no solo evidencia la incompetencia y desidia del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), sino también las verdaderas intenciones de una administración que daña el futuro económico del país.
En julio del 2021, luego de más de tres años de negociaciones intensas, se aprobó el texto final de la adenda 13. Este acuerdo permitía la reanudación de las obras (a la fecha se han invertido más de 114 millones de dólares y se cuenta con una tuneladora lista para empezar a trabajar) para irrigar 38.500 hectáreas con riego tecnificado (libre de problemas de terrenos), generar más de 100 mil puestos de trabajo formales y potenciar el desarrollo agroexportador del país (1.010 millones de dólares adicionales por año). Además, habilitar la construcción de dos centrales hidroeléctricas (Lluta y Llucta), lo que generaría más de 400 megavatios con una inversión de US$1.000 millones.
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A pesar de que la adenda es producto de un trabajo intenso del GRA, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y de Pro Inversión, y que contó con el apoyo del Congreso que promulgó una ley para la ampliar la garantía soberana, días antes de la votación en el Consejo Regional, el documento no se pudo firmar, pues el gobernador y varios funcionarios fueron detenidos. Luego, durante meses, nadie contestó el teléfono en Arequipa. Así, ningún funcionario atendió con seriedad al inversionista para encontrar una solución.
El tema de fondo es que los mensajes en contra de la inversión privada, tallados en el ideario de Perú Libre (PL), cada vez se están materializando con más fuerza. Como ejemplos tenemos las amenazas de Guido Bellido en contra del consorcio Camisea, así como las impertinentes declaraciones de la primera ministra Mirtha Vásquez contra la minería.
Además, los recientes comentarios del titular de Justicia, Aníbal Torres, sobre el proyecto Majes Siguas II abonan en este sentido. En conferencia de prensa el martes 11, declaró: “La resolución tiene que ser automática. Si la empresa ha incumplido, se resuelve el contrato y ya no se remite al arbitraje ni al juez, sino automáticamente ‘ipso iure’, de pleno derecho, queda resuelto, se liquida la obra hasta donde se ha ejecutado y se reinicia la obra con otro concesionario”.
Queda claro que el ministro de Justicia tiene poco conocimiento del artículo 62 de la Constitución, el cual establece que los contratos no pueden ser alterados de manera unilateral. Además, desconoce el tiempo y esfuerzo que implica iniciar un proceso de promoción para concesionar una obra compleja en etapa constructiva. En este contexto, el proyecto se irá a un arbitraje internacional y las declaraciones de Torres afectarán el laudo, y podrían tener un efecto económico en contra del país. Finalmente, todo ello evidencia que este Gobierno quiere implementar, a toda costa, una política agraria que ha probado ser ineficiente.
Por otro lado, preocupa el conspicuo silencio del MEF, entidad llamada a promover la inversión privada y crear un clima de confianza, que no se ha manifestado ante tremenda invasión de sus fueros. Es más, el MEF ha pedido facultades para modificar el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP), que regula, entre otros, el procedimiento de cambios contractuales. Es decir, las adendas. Por ello, debemos estar alertas a que este capítulo no se altere, e incluso exigir la prepublicación de la norma, pues sería una violación flagrante de la Constitución. El Congreso ya trató de hacer esto cuando promulgó la ley que suspende el cobro de peajes durante el estado de emergencia en mayo del 2020 y dicha norma fue declarada inconstitucional por unanimidad por el Tribunal Constitucional.
El proyecto Majes Siguas fue anunciado durante la dictadura de Juan Velasco por todo lo alto hace más de 50 años en la Plaza de Armas de Arequipa. El gobierno de Pedro Castillo se ha encargado de incinerarlo en menos de seis meses, pese a una probada rentabilidad social con todos los sustentos técnicos y a que es parte del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC).
Muchos quieren creer que este y otros incidentes con inversionistas son producto de la torpeza, la incompetencia, la ignorancia o la falta de coordinación del Gobierno. Hay que entender, sin embargo, que estamos frente a una clara agenda que erosiona paulatinamente los pilares del crecimiento económico y que compromete el futuro del país.
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