Nelson Shack: “Entendí que el presidente había comprendido la importancia de ser transparente” | ENTREVISTA | VIDEO

El contralor Nelson Shack dijo que le sorprendió que la empresa de Samir Abudayeh haya vuelto a ganar el contrato para abastecer a Petro-Perú de biodiésel, a pesar de las presuntas irregularidades de la primera licitación. Agregó, en entrevista con El Comercio, que “no es en lo absoluto normal” que el presidente Pedro Castillo se haya reunido con proveedores del Estado en Palacio de Gobierno.

— Hace menos de tres semanas, Petro-Perú anuló el contrato que ganó Heaven Petroleum Operators (HPO) para la compra de biodiesel por US$74 millones por presuntas irregularidades. Y el martes, esta empresa de Samir Abudayeh volvió a ganar el mismo contrato, pero en un nuevo concurso. ¿No ha sido una pantalla para intentar limpiar el primer proceso?

Nosotros no podríamos concluir, en estos momentos, si ha sido una pantalla o no, porque necesitamos hacer las investigaciones. La contraloría no ha supervisado, no ha acompañado [este proceso], a pesar de la información un poco ambigua que había generado Petro-Perú en su comunicado. Ayer [miércoles] ya se ha acreditado una comisión para hacer el control de legalidad de este nuevo proceso, con el fin de ver si efectivamente lo que han hecho en Petro-Perú es lo que deberían haber hecho respecto a lo que dice la normatividad vigente. Y con relación al tema del proceso anterior, ahí también nos hemos acreditado y a fines de marzo debería estar saliendo el informe, porque ahí sí hay indicios absolutamente razonables no solo de irregularidades administrativas, sino de posibles responsabilidades penales.

— Usted ha referido que la Ley de Contrataciones del Estado le permitió a HPO participar en esta nueva licitación, a pesar de que su gerente es investigado por presunta colusión y negociación incompatible. ¿Qué tipo de modificaciones requiere esta norma para evitar que se repita este escenario?

Precisamente, no solo [se trata de realizar] una modificación legal, de sacar una nueva norma, lo que se estaría discutiendo es, como ya ha sucedido en otras ocasiones, que estamos en un Estado constitucional de derecho y que exista la presunción de inocencia. El hecho de estar investigado no significa estar sancionado y, por lo tanto, tampoco estar inhabilitado para poder postular y contratar. Ahí lo que se necesita es agilizar mucho los procesos de sanción tanto en el sistema de justicia como a nivel administrativo. No hay actualmente manera legal de poder evitar que una empresa que no ha sido inhabilita se presente al concurso, otra cosa es que gane el concurso en una justa competencia, pero no se evitar que se presente. Y si se puede presentar, puede ganar.

— ¿Petro-Perú debió esperar unos días antes de realizar el segundo proceso de licitación, a fin de que la contraloría tenga el tiempo para preparar el control concurrente? ¿Hubiera sido lo más transparente?

Sin duda alguna, esa es nuestra opinión desde la perspectiva del control, para que haya presencia de la contraloría en las distintas etapas y contribuya a garantizar que este proyecto se dé de manera transparente y correcta. Sin embargo, también tenemos que ser conscientes de que la perspectiva, desconozco si es que había una urgencia inevitable de sacar adelante el proceso de contratación. He estado doblemente sorprendido, primero porque ha ganado la misma empresa a pesar de todos los problemas e indicios de irregularidades que se aprecian en el caso anterior, pero, además, porque el comunicado de la empresa de petróleos del Perú da a entender que la contraloría ha estado en este proceso, que ha hecho control simultaneo, pero en la vida práctica desconocemos todo lo que ha pasado en este proceso, no ha habido control concurrente y ahora vamos a iniciar las acciones para un control posterior.

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— El presidente Castillo se reunió con Abudayeh y también con Karelim López, antes de que empresas que estos representan ganen millonarias licitaciones. ¿Es normal que un mandatario reciba en Palacio de Gobierno a proveedores del Estado? ¿Cómo se puede interpretar esta situación?

No es en absoluto normal, justamente eso es lo que empieza a configurar una serie de presuntos indicios más que razonables de comportamientos con responsabilidades penales, y es por eso que la contraloría ha iniciado una investigación administrativa, porque la parte penal le corresponde al Ministerio Público. Ya nos hemos abocado al caso del puente Tarata III, que, al parecer, fueron parte de estas discusiones y conversaciones o que fueron el resultado de las mismas. Algo similar parece que ha sucedido con Petro-Perú con la primera licitación del biodiésel. Imagino que a fines de marzo estaría saliendo a la luz el resultado [de la auditoría].

— A fines de noviembre, la contraloría inició una acción de control y fiscalización sobre los contratos del Puente Tarata III. ¿Tras un mes y medio, han encontrado inicios de irregularidades?

Sí, efectivamente, hay una serie de indicios de irregularidades, pero, por la reserva del proceso de investigación, no lo podemos compartir. Es más, yo tampoco los conozco, porque el contralor no hace los informes ni está metido en la elaboración de los mismos […] Hay que esperar un poco, hay que ser conscientes de que el fin de año es una fecha muy complicada y, además, también los autores se contagian de Ómicron, como todo el mundo. Y, obviamente, eso ralentiza la velocidad para la realización del informe. Antes de fines de marzo debería estar esto resuelto.

— A inicios de este gobierno, la contraloría advirtió que las reuniones del presidente Castillo en Breña podrían “afectar la transparencia”. Sin embargo, a pesar de esta primera alerta, el mandatario volvió a despachar clandestinamente en la casa del Pasaje Sarratea. ¿Este, a su entender es una administración poco transparente?

Bueno, si uno va a calificar toda la administración [de Castillo] en función a los hechos que tú describes, evidentemente no tiene transparencia. Sin embargo, la administración es bastante más de lo que hace el presidente Castillo, o lo que hace el secretario general [de la Presidencia]. Sin embargo, en ese extremo la contraloría ya se abocó, eso debe salir ahora, a mediados de febrero, el informe con las responsabilidades que correspondan, responsabilidades administrativas por lo menos, y no tanto del presidente, porque constitucionalmente es irresponsable, sino en las personas que asumen la responsabilidad por él, en este caso concreto en la secretaria general de Palacio de Gobierno.

Hemos sacado dos alertas sobre el particular, pero, además, este ha sido un tema de conversación mía con el presidente Castillo y, de repente, no me dejé entender, pero yo entendí que el presidente había comprendido la importancia de ser transparente en todos los actos de la administración. Mientras mayor jerarquía tiene el funcionario público, más transparente debe ser.

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— Y en esta cita, ¿qué fue lo que le dijo el presidente Castillo? ¿Usted abordó las reuniones fuera de Palacio de Gobierno de los primeros días de esta administración?

No, lo que conversamos, en su momento, con el señor presidente no fue exactamente el tema de que no iba a despachar en Palacio, la recomendación que le hice al presidente Castillo es que respete las normas establecidas en materia de transparencia y en materia de gestión de intereses […] Él ha propugnado enormemente que uno de los objetivos de su gobierno es la lucha contra la corrupción. Conversamos sobre ese tema, pero a la luz de los hechos parece que las disposiciones que se han emitido no revelan que efectivamente han tenido en cuenta estos informes y alertas.

— Inicialmente, la primera ministra refirió que el presidente Castillo tenía la predisposición de hacer pública la lista de personas que lo visitaron en Breña en noviembre, pero luego dio marcha atrás. Incluso, su abogado ha señalado que no hay un registro. ¿Es posible reconstruir esta lista?

Justamente, esa ya es una tarea que está en manos del Ministerio Público, ellos hacen una investigación más de naturaleza criminal y entiendo que las personas que ya han sido citadas y que han rendido su manifestación. La contraloría ya ha solicitado esa información, pero no nos ha sido remitida. Sin perjuicio de ello, continuamos haciendo las investigaciones y ya debemos en el siguiente mes, a mediados de febrero, ya debería cerrarse ese informe.

— Contraloría ya ha emitido diversos informes, donde advierten que hay nombramiento en el Ejecutivo que no cumplen con los requisitos del cargo. ¿De cuántas designaciones en total estamos hablando?

La contraloría ha revisado docenas de procesos de designación y ha observado 24 casos en donde claramente hay indicios de irregularidades, producto del no cumplimiento de los perfiles. De estos 24 casos, ya en 10 las autoridades competentes reaccionaron oportunamente a la alerta de la contraloría y, por lo tanto, dejaron sin efecto las resoluciones de nombramiento. Hay tres casos que los legajos no han estado completo. Y los otros 11, todavía no nos han enviado la información.

[…] Normalmente, hay tres actores que uno puede identificar conceptualmente en un proceso de designación de un puesto de confianza, este es un tema delicado porque no solo está de por medio presuntas responsabilidades administrativas, sino que podríamos llegar en ciertas circunstancias a responsabilidades penales. Hay un delito tipificado en el Código Penal respecto al nombramiento y aceptación ilegal del cargo. Y en ese marco, hay tres actores fundamentales. En primer lugar, está la alta autoridad que designa, puede ser un ministro, un gobernador regional o un alcalde, luego el que soporta el trámite, el que supervisa el proceso, y por último el designado, es responsabilidad de esta persona saber cuáles son los requisitos y perfiles del puesto y saber que cumple con ellos.

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— A pesar de la emisión de estos informes, muchos de estos funcionarios, que no cumplían con los requisitos continuaron en el cargo por un tiempo considerable. ¿Cuál es el mensaje que da el Ejecutivo?

Justamente por eso, la contraloría cumple su trabajo de alertar sobre riesgos y situaciones adversas para que los gestores públicos y autoridades competentes tomen cartas en el asunto y los mitiguen. Y si no lo hace van a incurrir en mayores responsabilidades, ahora en febrero se están abriendo sendos procesos de control. Y como te digo son tres tipos de funcionarios con responsabilidades: el que designa, el que supervisa y hace el trámite y el designado.

— Usted ha señalado que en 15 días estaría listo el informe sobre la designación del ex titular del Congreso Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perú-Petro. Pero es claro que él no tiene ni formación ni experiencia en el sector hidrocarburos…

Me reafirmo en lo que he mencionado, siempre he creído que zapatero a tus zapatos, no tiene ningún sentido designar a un funcionario que no cumpla con el perfil, porque el perfil es el mecanismo para garantizar un mínimo nivel de competencias en términos de conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan tomar decisiones en beneficio de todos los peruanos. Es decir, buenas decisiones, porque si tú no tienes el perfil puedes aprender, pero esa curva de aprendizaje en el Estado en las materias que corresponde que puede ser muy específicas demora tiempo y mientras tanto el costo de todo eso, lo pagamos todos los peruanos.

Pero dicho esto, yo no puedo referirme ahorita si es que el señor Salaverry cumple o no. Precisamente, para eso se ha acreditado una comisión, ellos están investigado, yo ni siquiera conozco el legajo del señor Salaverry. Obviamente, lo conozco [a él] porque ha sido parlamentario y presidente del Congreso. Lo que hay que hacer es esperar un poquito, la próxima semana o la subsiguiente ya debería estar el informe de contraloría indicado si cumple o no, porque este es un tema bien objetivo.

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— ¿Usted ve un pago de favores políticos en la designación de Salaverry y de otras personas?

No podríamos decir formalmente que hay un pago de favores políticos, esa es una conclusión que no le corresponde hacer a la contraloría. A la contraloría le corresponde verificar si se ha cumplido o no con la normatividad y si no es así, postular las acciones legales que correspondan en materia administrativa, civil y penal.

— El ministro de Justicia y DD.HH., Aníbal Torres, le ha solicitado auditar el nombramiento de Soria, que se realizó hace casi dos años. ¿Es un intento de sacarse de encima la responsabilidad que tiene el Ejecutivo de revisar esta designación?

Tampoco vamos a calificar. Lo objetivo, para mí, es que el ministro de Justicia no ha mandado una comunicación y es una solicitud que, como muchas que nos llegan, será atendida. De hecho, ya se acreditó una comisión para hacer ese proceso de revisión sobre si el procurador Soria cumple o no con el perfil establecido en todo un conjunto normativo. Y en función de los resultados que salga en ese informe, que seguramente demorará 15 días, cada uno deberá asumir su responsabilidad.

— ¿Y no le llama la atención que el ministro Torres pida evaluar la designación de Soria, después de que este denunciara al presidente Castillo? El procurador ha estado en tres gobiernos.

Yo creo que puede causar cierta sorpresa y preocupación, pero desde la perspectiva del control gubernamental corresponde, no importa el plazo que haya transcurrido, si nos llega una solicitud, que en realidad es como si fuera una denuncia, vamos a proceder como corresponde.

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— ¿Cómo calificaría al gobierno de Castillo en lo que respecta al cumplimiento de las normas de transparencia y para el nombramiento de funcionarios?

La verdad es que hacer una calificación integral al gobierno requeriría hacer una evaluación de lo que es lo que ha pasado, no solo…

— Me estoy refiriendo a dos puntos: transparencia y nombramientos, donde la contraloría ha emitido varios informes…

Justamente, te digo, nosotros para poder hacer algún tipo de pronunciamiento de esta naturaleza que no es usual, porque nosotros no nos pronunciamos, verificamos el cumplimiento legal, tendríamos que hacer un análisis integral de todo lo que ha pasado en estos casi seis meses de gobierno. Pero lo que sí está claro es la enorme responsabilidad que tienen las más altas autoridades de liderar con el ejemplo […] Y desde esta perspectiva, nosotros no nos pronunciamos ni opinamos, solo verificamos, y a partir de los hechos cada uno puede sacar sus propias conclusiones sobre cuál es el nivel efectivo de transparencia que al menos en el Ejecutivo en estos procesos de designación se ha venido sucediendo.

— ¿Cuál es la infracción que más le preocupa o en la que este gobierno está siendo más recurrente?

Por eso hemos enviado un proyecto de ley al Congreso hace algún tiempo atrás para que se regle mejor y se establezca de manera taxativa perfiles de puestos estándar para las distintas instituciones públicas. No puede ser que el gobierno siga tomando este tipo de decisiones que contravienen el orden normativo vigente, no se puede nombrar a una persona que no cumpla con el perfil. Pero tampoco es conveniente cambiar el perfil para que pueda calzar la persona que tú quieres.

— Y eso fue lo que hicieron con Bruno Pacheco…

Efectivamente, sucedió en el caso de la posición [del secretario general de la Presidencia], yo no puedo calificar si eso pasó o no en el caso de Pacheco, pero es evidente que hubo una modificación al perfil. Prácticamente, se eliminó competencias, habilidades y requisitos mínimos que antes existían para acceder a ese puesto, y se puso que solamente se necesitaba tener la confianza del presidente, eso no es bueno, porque tenemos que ser conscientes de que el Estado peruano es la empresa de todos los peruanos y los mejores deberían ser los que ocupan cada posición, inclusive los de confianza.

— ¿Cuánto dinero perdió el Perú en el 2021 a causa de la corrupción?

No lo sabemos ahorita. ¿Por qué? Cuando a mí me pregunta sobre cuánto hemos perdido por corrupción, digo que no lo sé, porque siempre el acto corrupto es no transparente, la coima no deja factura. Lo que tú conoces son casos, pero no conoces el universo de los casos. Entonces, la contraloría analiza los casos, pero no analiza todas las transacciones en el Estado. En el 2021, se emitieron miles de informes y en materia de control posterior se analizaron transacciones por más de S/18.000 millones, analizando esa muestra, lo que uno tiene es que se han observado montos a los cuales están asociadas acciones de más de 7.700 funcionarios públicos, a quienes se les ha imputado responsabilidades administrativas, civiles y penales y es lo que están involucrados casi S/6.000 millones. Y de estas observaciones, el perjuicio económico que se ha calculado es de casi S/2.500 millones. Pero ojo no es que todo el problema de la corrupción sea de S/2.500 millones. En el 2020, las perdidas por inconducta funcional y corrupción han ascendido a S/22.059 millones. ¿Cuánto fue en el 2021? Ese cálculo lo tendremos al cierre del primer trimestre de este año.

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