Jorge Rimarachín: de respaldar a Nicolás Maduro a asesor de la Defensoría del Pueblo

Entre el 4 y el 11 de enero, el excongresista nacionalista Jorge Rimarachín registró cuatro visitas con el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, con quien compartieron bancada en el Parlamento en el primer año del gobierno de Ollanta Humala (2011-2016). El primero renunció y se volvió un crítico del humalismo, mientras que el otro se mantuvo leal al entonces presidente hasta el final de su mandato.

El 11 de enero, día de la última visita de Rimarachín como persona externa, Gutiérrez Cóndor lo designó en el cargo de “confianza” de asesor II de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la institución. Esto bajo el régimen CAS.

La resolución fue publicada en el portal de la Defensoría del Pueblo días después.

Fuentes de El Comercio han ratificado que el polémico exparlamentario estaría en el bolo para suceder a Rolando Luque en la referida adjuntía.

Luque trabajó en la Defensoría del Pueblo hasta el 31 de enero último. Él ya había presentado su dimisión a inicios del pasado mes.

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El ahora ex adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad tuvo dos etapas en la institución: la inicial entre 1996 y 2016 y la otra desde 2018 a 2024.

En el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) fue jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Fuentes cercanas a la Defensoría del Pueblo indicaron que Luque Mogrovejo tenía a su cargo la elaboración de “un mega informe” sobre las protestas sociales en contra del gobierno de Dina Boluarte y del Congreso, entre diciembre de 2022 y marzo del año pasado. Agregaron que el documento aún no está concluido y que esta labor “la venía avanzando pese a las dificultades”.

Las mismas fuentes refirieron que temen que este informe no vea la luz, tras la salida de Luque.

De acuerdo a la institución, los enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas dejaron 49 muertos.

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La “jugada” para ubicar al excongresista

Otras fuentes cercanas a la Defensoría del Pueblo explicaron que la intención de Gutiérrez Cóndor, tras nombrar a Rimarachín como asesor, es otorgarle la encargatura de la oficina que está dejando Luque.

A inicios de agosto del 2021, en la primera etapa del gobierno de Pedro Castillo, Rimarachín fue nombrado por el entonces primer ministro, Guido Bellido, como secretario de Demarcación y Organización Territorial de la PCM.

Otras fuentes de El Comercio explicaron que en la actualidad la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad está entre las dos áreas más importantes de la referida institución (la otra es el área de Asuntos Constitucionales). Esto a raíz del informe que estaba preparando Luque durante el 2023 y que debería publicarse en las siguientes semanas.

“Está trabajo se ha avanzando durante todo el año pasado, ahí el nuevo adjunto debe continuar la elaboración de ese informe. Y la Defensoría del Pueblo tiene que cumplir con su labor y hacer público ese documento”, expresaron.

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Al respecto, el ex defensor del Pueblo Walter Albán afirmó que la ley orgánica de la referida institución ordena que las adjuntías deben ser ocupadas por personas que ganan la plaza por medio de un concurso público.

“Este señor Gutiérrez tiene 7 u 8 meses y no ha hecho una sola convocatoria, no le interesa. Al contrario, ha llevado un proyecto al Congreso para que él pueda designar a dedo a sus adjuntos y también a los que ocupan cargos de conducción de oficinas descentralizadas, quiere manejar en términos absolutos el poder que se le ha sido concedido”, expresó a El Comercio.

Albán señaló que lo único que se puede recordar de la trayectoria de Rimarachín “es que es una persona sumamente conflictiva”. “Llevar a la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad a alguien que es un agitador es una muestra la incapacidad de Gutiérrez y de la poca importancia que le da a esta área”, acotó.

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Venezuela y otras polémicas

Como congresista, Rimarachín protagonizó una serie de polémicas, como cuando el 7 de marzo del 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela, exhortó al mandatario Ollanta Humala a continuar el camino “andado” por gobernante extranjero.

“Esperamos que el comandante Ollanta [Humala] continúe el camino andado por Chávez, ahora se ha retirado a la derecha, esperemos que esta presencia de él en Venezuela le sirva para que reflexione. Ollanta no solo traicionó a Cajamarca y al Perú, sino a América del Sur. Esperemos que estos momentos de recogimiento sirvan para que enmiende el rumbo”, manifestó.

Rimarachín también dijo que “democráticamente” habría un segundo Chávez, “que será Maduro”.

Casi un año después, en febrero del 2014, el entonces parlamentario brindó su apoyo al gobierno de Maduro y responsabilizó de los desmanes y abusos en las calles de Caracas a los Estados Unidos. Esto a pesar de que organismos internacionales habían rechazado los actos de violencia y la represión en Venezuela.

“A las fuerzas de derecha que no quieren trabajar en el lado democrático, sino en insurrecciones para generar golpes y quebrantar la democracia en contra de los intereses bolivarianos”, refirió a Telesur.

En agosto de 2017, Rimarachín, ya fuera del Congreso, llamó a radio Exitosa solo para pedirle a dos activistas venezolanas radicadas en Lima que se vayan a su país “a resolver sus problemas”.

“PPK no puede resolver el problema de los maestros en el Perú, ¿y quiere resolver los problemas de Venezuela? No metan la agenda de Venezuela en el Perú, el Perú tiene sus problemas, a estas dos señoritas, váyanse a Venezuela a resolver sus problemas y no vengan acá a querer hacer campaña política para que el control del Estado lo siga teniendo la derecha”, refirió.

Rimarachín, además, en marzo del 2014, se salvó de ser suspendido, luego de que exhibiera carteles en el pleno del Parlamento en contra del equipo que defendió al Perú en el proceso contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Esta inconducta se dio el día que el presidente Humala se presentó ante el Parlamento.

En mayo de ese mismo año, el parlamentario, entonces en la bancada de Acción Popular-Frente Amplio, calificó de “tránsfuga” a Humala Tasso, cuando se debatía el proyecto que castiga el transfuguismo.

“Vuelvan a redefinir qué es tránsfuga, inclúyanme como tránsfuga por haberme expulsado. ¿Quién es el principal tránsfuga del Perú? El verdadero tránsfuga es Ollanta Humala, porque traicionó al pueblo que lo eligió”, manifestó,

Rimarachín sostuvo que Humala Tasso es “un tránsfuga” porque fue elegido por una opción política (la de izquierda) y luego dio un giro y se fue a la derecha.

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Dos años antes, en febrero del 2012, Rimarachín puso en duda la captura del terrorista “Artemio”, al sostener que “más pareció una entrega”.

“Él (‘Artemio’) hace tres años estaba diciendo que lo capturen, que quiere deponer las armas. ¿Y por qué no lo hicieron? ¿Por qué sale justo el tema el día de la marcha por el agua? ¿Por qué todo es ‘Artemio’, todo es terrorismo?”, señaló.

Tras ello, fue retirado de la bancada humalista y dos meses después reconoció que su declaración había sido un error.

Y, en el 2015, el hoy asesor de la Defensoría del Pueblo llegó a Cocachacra, en Arequipa, para respaldar la paralización en contra del proyecto minero Tía María.

Más información

La Contraloría General de la República, a través del informe N°019-2023-2-0680-SCE, advirtió que Karina Yomar Pérez Salazar, quien fue militante de Alianza para el Progreso (APP), fue contratada como jefa de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano de la Defensoría del Pueblo, luego de que el titular de esta institución, Josué Gutiérrez Cóndor, enviará su currículo documentando a la oficina a cargo de la evaluación.

En el documento, el órgano de control remarcó que Pérez Salazar no cumplía con los requisitos para el referido puesto, como el tener dos años de experiencia específica en la función o dos años en puestos o cargos directivos similares. A pesar de ello, el 31 de mayo último se concretó su designación a través de una resolución.

En ese sentido, el informe señaló que la ex militante de APP “aceptó indebidamente” el cargo de jefa de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano de la Defensoría del Pueblo.