SIP pide al Congreso retirar dictamen que eleva penas por difamación en medios y redes sociales

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió este lunes al Congreso de la República retirar el dictamen aprobado por la Comisión de Justicia que eleva las penas por el delito de difamación en los medios de comunicación y redes sociales.

Como se recuerda, el pasado 14 de marzo, con los votos de Perú Libre, Alianza para el Progreso y Renovación Popular, dicho grupo de trabajo aprobó un dictamen que modifica dos artículos del Código Penal sobre los delitos de calumnia y difamación.

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La iniciativa incrementa las penas de cárcel por delitos de difamación y calumnia de tres a cuatro años y las multas de 30 a 90 días cuando se trate de medios y periodistas y de infracciones cometidas a través de redes sociales y sitios de internet.

Al respecto, el presidente de la SIP, Michael Greenspon, calificó la propuesta como un “retroceso peligroso para la libertad de prensa y la libertad de expresión en el espacio digital”.

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“Lamentamos que Perú siga buscando caminos contrarios a la tendencia internacional y la jurisprudencia interamericana de descriminalizar los delitos de difamación”, manifestó.

En tanto, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, expresó su sorpresa que Perú esté avanzando peligrosamente contra la libertad de expresión en el espacio digital.

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Greenspon y Jornet instaron al Congreso peruano a retirar el proyecto de ley y recordaron que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puntualiza que “la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles”.

Los directivos de la SIP insistieron que en estos casos se debe establecer proporcionalidad en las indemnizaciones para evitar cifras exageradas que puedan inhibir al periodismo y afectar la libertad de prensa.

Es la segunda vez que la SIP muestra preocupación por Perú en una semana. Días atrás se pronunció en contra de un proyecto de ley que establece la colegiación obligatoria, un asunto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 1985 dijo que era una violación a la libertad de prensa y al derecho de libre asociación.