El Estado asumirá los gastos de la defensa legal del expresidente de la República Manuel Merino en la investigación fiscal que se le sigue por presunto abuso de autoridad y homicidio doloso.
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Ayer (martes 22), el Despacho Presidencial declaró procedente una solicitud de Merino para contar con defensa y patrocinio legal en las investigaciones en su contra a cargo de la Fiscalía de la Nación.
La fiscalía lo investiga de manera preliminar para determinar si tiene responsabilidad en la represión policial a manifestantes que marcharon entre el 10 y el 16 de noviembre pasado contra la vacancia presidencial de Martín Vizcarra y su asunción como presidente interino.
Durante las protestas fallecieron Jack Brian Pintado y Jordan Inti Sotelo, dos jóvenes que se encontraban entre los manifestantes y fueron atacados con perdigones. Por estos casos, Merino y otros funcionarios son investigados por presunto homicidio doloso.
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La solicitud de Merino para que el Estado cubra los gastos de su defensa fue presentada ante el Despacho Presidencial el pasado 4 de diciembre y fue evaluada por el área de Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República.
Devolverá el dinero si es encontrado culpable
El abogado Roberto Benavides, especialista en contrataciones con el Estado, explicó que la ley señala que los servidores del Estado tienen derecho a contar con defensa y asesoría legal pagada por el Estado.
“Todos los funcionarios tienen ese derecho, así sea Manuel Merino, Martín Vizcarra, algún ministro o cualquier funcionario. Y no devuelve el dinero que está pagando el Estado siempre y cuando quede libre de polvo y paja; es decir, que la sentencia sea absolutoria. Pero si la sentencia es condenatoria, todo lo que el Estado ha invertido en su defensa lo tiene que devolver”, explicó en diálogo con El Comercio.
Agregó que Merino también tiene derecho a elegir al abogado que asumirá su defensa: “Puede elegir al abogado X o Y, y básicamente le cobrará el precio de mercado que tenga. La norma lo establece así. (...) Esto es bajo la lógica que la imputación no tiene sustento. Pero el panorama cambia si le encuentran culpabilidad”.
Hasta la publicación de esta nota, Merino no respondió nuestras llamadas ni mensajes. El pasado 15 de noviembre dimitió luego de perder el respaldo del Congreso, que horas antes había acordado en Junta de Portavoces pedirle que renuncie o, de lo contrario, sería destituido.
Tras dejar el cargo, Merino retomó sus actividades como congresista de Acción Popular.
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