El martes pasado, en sesión reservada, los ministros de Justicia, Interior y Relaciones Exteriores se presentaron ante la comisión parlamentaria que investiga los presuntos lobbies de Martín Belaunde Lossio. Ellos debían explicar la estrategia legal del gobierno para que el ex asesor humalista responda ante la justicia peruana.
El 29 de mayo, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Santa ordenó que Belaunde Lossio fuera encarcelado mientras se lo investiga por peculado y asociación ilícita en el llamado Caso ‘La Centralita’.
A Martín Belaunde Lossio se le imputa haber creado una empresa de fachada, Illios Producciones, para que funcionara ‘La Centralita’, centro donde se planeaban operaciones en contra de los rivales de César Álvarez con dinero del Gobierno Regional de Áncash, así como haber puesto al servicio del ex presidente regional de Áncash el diario “La Primera” de Chimbote.
LA VÍA DE LA EXTRADICCIÓNSegún pudo conocer El Comercio, en la sesión reservada del martes se dijo que, mientras la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) no se pronuncie sobre la solicitud de refugio de Martín Belaunde Lossio (y para eso tiene 120 días contados desde el 15 de diciembre), él no podrá ser expulsado.
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Es así como se ha pasado a evaluar otra alternativa: el 31 de diciembre, la Fiscalía de la Nación le pidió a la Cancillería peruana solicitar la detención preventiva de Belaunde Lossio en Bolivia “con fines de extradición”. Requerimiento que la justicia boliviana finalmente acogió este martes.
Sin embargo, esta posibilidad se encontraría con un inconveniente. “El Perú es el único país donde un particular puede ser cómplice de un delito de corrupción, como es peculado, que solo puede cometer un funcionario público. Esa figura no existe en Bolivia”, asegura el ex procurador anticorrupción Christian Salas.
En efecto, este ilícito se encuentra en el capítulo del Código Penal boliviano referido a delitos cometidos por funcionarios públicos. Sin embargo, para el abogado penalista Eduardo Herrera, los códigos penales tienen una cláusula general en la cual se detallan principios como la autoría, la instigación y la complicidad. “Todos los códigos penales tienen un artículo así”, sostiene Herrera.
No obstante, la presidenta de la Comisión Belaunde Lossio, Marisol Pérez Tello (PPC), considera que “es peligroso adelantar el tema de la extradición”. “Podría ser peligroso y prematuro”, sostiene la pepecista.
Ella espera que Bolivia le niegue el refugio. “Acá no hay perseguido político, sino la presunción de un crimen cometido”.
El ex procurador Salas tiene la misma expectativa: “Es absurdo. Él [Martín Belaunde Lossio] no ha sido víctima de amenazas, ni siquiera ha pedido garantías personales. No lo están persiguiendo por sus ideas políticas, sino por imputaciones penales concretas”.
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Línea de tiempo: la estrategia del ex asesor de Ollanta Humala para evadir a la justicia. [Haz clic para ampliar]
¿Y EL CASO ANTALSIS?A fines de noviembre, la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios inició investigación preliminar a Martín Belaunde Lossio por las gestiones que habría hecho para favorecer con contratos del Estado a la empresa Antalsis y otras constructoras. En este caso se presumen los delitos de colusión, patrocinio ilegal y tráfico de influencias.
No obstante, si Belaunde Lossio es extraditado en este momento solo podrá ser juzgado en el Perú por el Caso ‘La Centralita’ y no por los presuntos lobbies que realizó a favor de Antalsis, debido a que este proceso está en una fase preparatoria.
Si la Conare decide no acoger el pedido de refugio de Martín Belaunde Lossio, su expulsión quedaría en manos del Gobierno boliviano. De ser expulsado, el ex asesor de campaña de Ollanta Humala podría ser juzgado en nuestro país por ‘La Centralita’ y Antalsis.
NE: Esta nota fue publicada el domingo en la edición impresa de El Comercio. Ha sido actualizada para su republicación.
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Martín Belaunde Lossio tras su detención: “El sistema ha podido más” ►http://t.co/2Cn0JFN8On pic.twitter.com/OTHSmNWZ5L— Política El Comercio (@Politica_ECpe) enero 20, 2015