La Comisión de Fiscalización del Congreso presentó este martes su pre-informe de las investigaciones sobre los presuntos hechos ilícitos cometido durante el Gobierno del presidente Pedro Castillo Terrones, vinculados al ex secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, a la lobbista Karelim López, así como a los casos Sarratea, Puente Tarata y presiones en la Sunat y las Fuerzas Armadas, entre otros.
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Durante la sesión de este martes, la comisión aprobó por mayoría (13 votos a favor , 0 en contra y 3 en abstención) solicitar al Pleno del Congreso un plazo de 30 días hábiles para terminar con la recolección de información, procesarla y elaborar el informe final con sus conclusiones.
“Solicitamos al pleno del Congreso de la República que apruebe una ampliación del plazo de trabajo y vigencia de la presente Comisión investigadora por el plazo de 30 días hábiles”, se indica en el documento de 101 paginas al que accedió El Comercio.
Según el congresista Héctor Ventura, si bien han solicitado 30 días, el informe final sería presentado antes de ello.
“Necesitamos hacer un informe de consenso imparcial con las características propias y no solo solo políticas, que se había acostumbrado a realizar en las comisiones de Fiscalización en años anteriores”
Ventura añadió que buscan que el informe final tenga un marco político, sino técnico y jurídico “con relevancia y sustento en nuestra investigación”.
¿Que dice el pre-informe?
A cinco meses de iniciada su labor, la comisión presidida por el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular) interrogó a 41 personas, entre ministros, autoridades, exfuncionarios y empresarios. Luego de ello, dispuso que diez ciudadanos pasen a condición de “investigados”.
Los investigados hasta el momento son los exministros Juan Silva Villegas y Juan Carrasco Millones. También Bruno Pacheco, la lobbista Karelim López; el sobrino del mandatario Fray Vásquez Castillo; así como Silvia Barrera Vásquez, Segundo Sánchez Sánchez, Zamir Villaverde, Víctor Malpartida Valdivia y William Vargas Más.
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El grupo de trabajo ha logrado recabar información sobre las presuntas irregularidades en la licitación de obras en el Ministerio de Transportes, vinculaciones con empresas chinas, visitas a Palacio de Gobierno y a la vivienda ubicada en el Pasaje Sarratea (Breña), entre otros hechos irregulares que se habrían cometido en el actual gobierno.