El mandatario Pedro Castillo no permitió que un grupo de fiscales ingresara a la oficina de la secretaría del despacho presidencial como parte de las diligencias que se llevaron a cabo el lunes en el Palacio de Gobierno, según un acta fiscal a la que accedió El Comercio. Esto sucedió luego de que la fiscal anticorrupción Norah Córdova abriera una investigación de oficio por las reuniones que sostuvo el jefe del Estado con el gerente general de Petro-Perú, Hugo Chávez, la empresaria Karelim López Arredondo y Samir Abudayeh, representante de la empresa que terminó adjudicándose un contrato valorizado en US$74 millones por la venta de biodiésel B100.
La diligencia, que se inició pasado el mediodía, tuvo un primer percance cuando los fiscales tuvieron que esperar más de 40 minutos para que se les autorizara el ingreso a la Casa de Pizarro.
Los fiscales adjuntos, encabezados por Luis Alberto Medina, se reunieron con el asesor jurídico de Palacio, Julio Salas, a quien solicitaron autorización para efectuar la diligencia de exhibición de documentos voluntarios de diversas oficinas y copia de los videos de vigilancia de la presidencia.
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Los fiscales lograron ingresar al Área de Desarrollo de Tecnologías de la Información. Sin embargo, cuando solicitaron a Salas que consultara al secretario general de Palacio, Carlos Jaico, sobre el ingreso a la oficina de Secretaría de la Presidencia de la República, este último informó que el jefe del Estado no lo había autorizado.
“Ernesto Salas Becerra refiere que el secretario general Carlos Jaico le informa que el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, es el que no autoriza el ingreso del personal fiscal a la oficina de la Secretaría del Despacho de Presidencia”, se lee en el acta suscrita a las 2:45 de la tarde.
Los fiscales, según fuentes que participaron en el acto, al final no ingresaron a esta oficina.
Por ello, continuaron con las diligencias en otros ambientes; incluso levantaron información sobre el registro de ingreso y salida de la caseta de vigilancia en las afueras de Palacio de Gobierno.
Más temprano, otro grupo de fiscales también intervino la sede de Petro-Perú para recabar información sobre las visitas de la empresaria Karelim López, así como del expediente de la licitación para la compra de biodiésel B100. La Contraloría General de la República también realizó una acción de control en esa institución.
De acuerdo a la disposición fiscal a la que también accedió este Diario, la fiscal Córdova Alcántara inició acciones contra los funcionarios de Petro-Perú Hugo Chávez Arévalo, Gunther Documet Celis, Muslaim Abusada Sumar y Roger Liy Lion –en calidad de autores– y Karelim López, Gregorio Sáenz Moya y Samir Abudayeh –como cómplices– por los presuntos delitos de colusión simple y negociación incompatible en agravio del Estado.
El programa “Panorama” informó que tras las visitas a Palacio de López, Abudayeh y Chávez se habría beneficiado a la empresa Heaven Petroleum Operators S.A.
A Fiscalía de la Nación
La fiscal Córdova solo incluyó en su investigación preliminar a los empresarios y a los funcionarios no aforados.
Por ello, en otro extremo del documento, la magistrada dispuso poner en conocimiento del despacho de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, el relato de reuniones y hechos que implicarían a Castillo a fin de que la máxima autoridad del Ministerio Público “se avoque conforme a sus atribuciones”.
“Mediante las reuniones antes detalladas se habrían realizado coordinaciones destinadas a beneficiar a la empresa Heaven Petroleum Operators S.A. con los procesos de selección para la adquisición de combustible tipo Biodiésel B100 a cargo de Petro-Perú”, se anota en el documento.
Cabe precisar que la competencia para investigar a Castillo, debido a su alto cargo, le corresponde a la Fiscalía de la Nación.
Obstaculización
Para el abogado penalista Andy Carrión, si bien no existe una obligación del presidente Pedro Castillo de brindar información, ya que no hay una orden judicial, sí existe el “deber” de colaborar con aclarar los hechos de investigación, por lo que no permitir el ingreso de fiscales a una oficina específica, sí puede considerarse obstrucción.
“La presidencia es también una entidad, y el deber de exhibición también lo abarca. Que Pedro Castillo haya impedido el ingreso es literalmente, en toda línea, un acto de obstrucción de investigación”, afirmó.
Agregó que la única excepción para no mostrar documentos en una diligencia de exhibición es el secreto de Estado, según el artículo 224 del Código Procesal Penal.
Daniel Huamán, profesor de Derecho Penal de la Universidad del Pacífico, consideró que si se llegase a determinar que hubo manipulación en la información, “podría ser un acto de obstaculización”.
Huamán consideró que la Fiscalía de la Nación sí puede abrir investigación contra Castillo Terrones por el caso de Petro-Perú. Recordó la situación del expresidente Martín Vizcarra, al que se le inició investigación, pero quedó suspendida hasta que concluyera su mandato. “Eso sería jurídicamente posible y sería el sentido que tiene el artículo de la Constitución que impide una acusación, mas no el proceso de investigación”, afirmó.
Confirman reunión
El Comercio solicitó la versión de Palacio de Gobierno sobre la negativa del presidente Pedro Castillo para que la fiscalía ingrese a la oficina de la secretaría del despacho presidencial, pero no respondieron.
El abogado César Nakazaki tampoco se pronunció sobre la situación de su patrocinada Karelim López.
La empresa Heaven Petroleum Operators S.A. confirmó que su gerente Samir Abudayeh se reunió solo con Pedro Castillo. Agregó que no conoce a Karelim López ni al gerente de Petro-Perú, Hugo Chávez.
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