El juez Raúl Justiniano Romero, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, concedió los recursos de apelación presentados por las defensas técnicas de la empresaria Sada Goray y el periodista Mauricio Fernandini, contra la resolución judicial que establece que ambos cumplan prisión preventiva por 30 meses, mientras son investigados por los presuntos actos de corrupción en el Fondo MiVivienda y otras entidades estatales durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo.
El recurso también fue concedido para el caso de los coinvestigados Roger Gavidia y Pedro Arroyo, para quienes también se aplicó la misma medida.
A través de la Resolución Nro. Ocho, con fecha 27 de septiembre de 2023, se establece que la pretensión principal de la defensa de Sada Goray es que se revoque la resolución del 3 de agosto de 2023, que dicta la prisión preventiva en su contra por 30 meses. Además, solicita que se declare nula dicha resolución y ordene que otro juez de investigación preparatoria dicte la resolución que corresponda.
La investigada señala como agravio la vulneración del principio de legalidad procesal y del derecho constitucional a la motivación de las resoluciones judiciales.
En el caso de Mauricio Fernandini, su defensa solicita que se revoque y se reforme la resolución que declara fundada la prisión preventiva en su contra, declarándola infundada y se continúe el proceso con una comparecencia simple o, de considerarse necesario, se dicte una medida de comparecencia con restricciones.
El investigado señala como agravio, además de la violación al principio de proporcionalidad y de presunción de inocencia, la motivación aparente y la ilogicidad de la motivación.
En tanto, la defensa técnica de Roger Gavidia ha formulado una pretensión concreta solicitando que se revoque la resolución que dicta la prisión preventiva contra su patrocinado, y se declare infundado dicho requerimiento fiscal. En este caso, el investigado señala como agravio que la resolución presenta “motivación aparente, por tanto, vulnera el debido proceso establecido en la Constitución Política del Estado”.
Finalmente, la defensa de Pedro Arroyo solicita en su recurso impugnatoio que se revoque la resolución que dicta la prisión preventiva contra su patrocinado y se declare infundado el requerimiento fiscal presentado en ese sentido. El investigado señala como agravio que la resolución le vulnera el derecho fundamental a la libertad, establecido en la Constitución.
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