Una empresa que tiene como directora a Lucy López Reyes —cuñada del ministro de Justicia, Aníbal Torres— contrató con el Estado por S/85.000, a través del Gobierno Regional de Cusco, pese al impedimento establecido por la ley de contrataciones.
La situación fue advertida a través de un informe de la contraloría, vía el Órgano de Control Institucional (OCI) del gobierno regional, que a su vez se valió de una comunicación desde la Dirección de Gestión de Riesgos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce).
MIRA: Bruno Pacheco y los US$20 mil en un baño de Palacio: ¿Abre una nueva línea de investigación?
Una revisión de este Diario en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) dio cuenta de que la empresa Prosynergy fue parte de un proceso para la contratación de una máquina empacadora para el proyecto “Mejoramiento de tratamiento post cosecha y packing de hortalizas de la asociación de productores agropecuarios Pallcaraqui, distrito y provincia de Urubamba, Cusco”.
La convocatoria se realizó el 2 de agosto del 2021, la buena pro se otorgó el 2 de setiembre y el contrato sobre la orden de compra se suscribió el 12 de octubre, consignándose como fecha de término el 11 de diciembre próximo. Es decir, el proceso y la participación de la compañía en el mismo se dieron cuando Aníbal Torres ya se desempeñaba como ministro. Hubo cuatro postores, pero solo Prosynergy y Export Perú Global S.A.C. fueron admitidos, resultando ganador la primera empresa.
Cabe señalar que la ley de contrataciones del Estado señala que el cónyuge, conviviente o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de distintos funcionaros, incluyendo a ministros, “están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas” del Estado.
La compañía registra otros contratos con el Estado antes de que Torres sea ministro, por ejemplo con el Gobierno Regional de Ayacucho, municipalidades distritales y provinciales. También tuvo otro acuerdo con el Gobierno Regional de Cusco por S/70.000 a inicios de julio pasado.
El contrato
Cuestionamiento
El informe de la contraloría cuestiona que, para suscribir el contrato, la empresa de la familiar de Aníbal Torres haya declarado bajo juramento “no tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado”. También critica el otorgamiento de la buena pro de parte del comité de selección, pese a la referida prohibición.
Señala también que Lucy López Reyes ha sido ratificada como directora de Prosynergy hasta el 23 de setiembre del 2026, según consta en la Sunarp. Además, ella es consignada por Torres como cuñada en su declaración jurada de conflicto de intereses.
“[…] La empresa Prosynergy se encontraba impedida de contratar con el Estado desde el 30 de julio de 2021, toda vez que la señora Lucy Herminia López Reyes tiene participación como miembro del directorio de la citada empresa y sería cuñada de un ministro de Estado”, refiere el documento al que accedió este Diario.
Sin embargo, la contraloría apuntó que aún se está en etapa de ejecución contractual y quedan 15 días para culminar el plazo de entrega del referido bien contratado por el Gobierno Regional de Cusco. Aún así, sostuvo que “se estaría afectando la legalidad de la contratación determinada en la normativa que recoge impedimentos con la finalidad de salvaguardar los principios de integridad e igualdad de trato que evitan que algunas empresas tengan una posición privilegiada respecto a demás potenciales proveedores”.
También advirtió que, con la situación, “se afectaría el principio de presunción de veracidad” al haberse admitido una oferta que, bajo declaración jurada, dijo no tener impedimentos para participar en el proceso.
Por tanto, la contraloría concluyó que ha ocurrido “una situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del referido plan”. En esa línea, recomienda comunicar el informe al gobernador regional a fin de que se tomen las medidas preventivas y correctivas que correspondan, las que se pide sean comunicadas al OCI.
Este hecho se suma a otro caso similar, referido a un contrato suscrito por la empresa de familiares de Aníbal Torres, entre ellos su hermano, con el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), organismo adscrito al Ministerio de Salud, el pasado 12 de agosto, también cuando el jurista ya se desempeñaba como ministro.
VIDEO RECOMENDADO:
¿Cuáles son los casos por los que Bruno Pacheco está siendo investigado en Fiscalía? - LPD