La fiscal anticorrupción Zoila Sueno denunció actos de “obstaculización” por parte de las entidades del Gobierno involucradas en la investigación que sigue a un grupo de funcionarios y ex funcionarios que participaron en la licitación y en la adenda al contrato para la construcción del Aeropuerto Internacional Chinchero, en el Cusco.
La advertencia de la fiscal fue hecha en audiencia pública celebrada el lunes último por el juez unipersonal para casos de corrupción de funcionarios, Manuel Chuyo, quien viene analizando el pedido de comparecencia restringida con impedimento de salida del país para la exviceministra de Transportes, Fiorella Molinelli y otros, investigados por la presunta comisión de colusión agravada en este caso.
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Según la fiscal Sueno Chirinos, el comportamiento de los investigados fue cuestionable durante la investigación preliminar, pues “la primera vez que los llamé nadie vino, algunos han reprogramado o han esperado que vuelvan a notificarlos”.
“Sobre el peligro de obstaculizaciones. Doctor, es increíble, pero yo le digo a usted. Una investigación, realizada en un momento donde el Estado Peruano está con la persona que […] está con un gobierno de una persona que sale de esta investigación (Martín Vizcarra), es una situación bastante tormentosa para el Ministerio Público. Cada situación que pido tengo que pedirle tres o cuatro veces, sino tengo que mandar a un fiscal”, afirmó.
La representante del Ministerio Público, lamentó que dicha situación se esté presentando en esta investigación.
“Siempre tengo que mandar a un fiscal. Es una situación que yo lamento bastante. La estoy pasando mal. Hice como ocho o nueve oficios y solo me han contestado tres. Los demás hay que reiterar, hay que ir”, reiteró Sueno.
En otro momento, la fiscal solicitó que el juez de investigación preparatoria dicte medidas restrictivas contra Molinelli, Yaco Paulo Rosas Romero, Gianina Alejandra Beoutis Manrique, Hernán Omar Muñoz Valdivia, Camilo Nicanor Carrillo Purin y Nancy Zedano Martínez en calidad de autores del presunto delito de colusión agravada.
Pidió que estos no puedan ausentarse de la localidad en que residen, no concurran a determinados lugares, se presenten a la autoridad cada 30 días, en los días que se les fijen, entre otras medidas. Además, pidió que paguen una caución (garantía) de S/100 mil para asegurar su presencia en la investigación.
La misma medida pidió para Carlos Rodolfo Loret de Mola, José Carlos Balta del Río, Javier Rizo Patrón Larrabure, Patricia Lisetta Teullet Pipoli y Ximena María Zavala Lombardi. Sobre esta última, la fiscal indicó que al estar residiendo en España, se ordene que no se ausente del lugar de su residencia, que se presente cada 30 días en el consulado de Barcelona, concurrir a las citaciones, y prestar una caución de S/100 mil.
Para los investigados Alfredo Juan Carlos Dammert Lira y César Antonio Balbuena Vela, se reservó el requerimiento debido a que no acudieron con sus respectivos abogados.
-Pide rechazar restricciones-
Roberto Pereira, abogado de Fiorella Molinelli, sostuvo que los actos de investigación aportados por la fiscalía, “no justifican las restricciones y no se justifica un peligro de fuga o de obstaculización”.
“Pedimos que se desestime el pedido de la fiscalía y se disponga la restricción simple”, dijo.
Pereira alegó que lo hechos imputados contra su patrocinada no se condicen con la verdad.
Recordó que el proyecto nace en el 2014, y luego de dos años recién aparece la Adenda Nro 1.
Sobre dicha adenda -que ha sido cuestionada por la Fiscalía- el abogado recordó que se presentó el 2 de diciembre del 2016, “por el consorcio Kuntur Wasi”, pues dicha solicitud de adenda, “la presenta el concesionario, no las presente el concedente”.
“De manera tal que, no me parece raro, como se insinúa de que aparezcan borradores de adenda en al computadora de los representantes del consorcio es absolutamente razonable siendo que es el concesionario quien presenta la solicitud de adenda”, dijo.
Según el abogado, fue el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, el actual presidente Martín Vizcarra, quien “aprueba el texto de la adenda”.
“El actual presidente Vizcarra autoriza a mi patrocinada Fiorella Molinelli a firmar en nombre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones la adenda. No le otorga competencia respecto de la aprobación de la adenda o del texto de la adenda, eso es competencia exclusiva del minisitro“, dijo.
Aclaró que ello no significa que exista algo oscuro en la adenda, sino para “marcar que las responsabilidades deben ser definidas en las estructuras del Estado y que no todos son responsable de todo”.