El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) descartó que se esté obstaculizando la liberación de los nueve árbitros cuya prisión preventiva fue anulada este miércoles por la Sala de Apelaciones Nacional.
A través de un comunicado difundido en su cuenta institucional en Twitter, el INPE informó que a la 3:30 p.m. de este jueves recibió las resoluciones de la Primera Sala de Apelaciones Nacional.
Precisó, en ese sentido, que tiene “24 horas como máximo para proceder a la ejecución de los mandatos de liberación”. Detalló que la demora se produce porque la resolución indica que se “debe verificar previamente algún impedimento de excarcelación” contra los investigados.
“El día de hoy, a partir de las 3:30 p.m. la Oficina de Registro Penitenciario de Lima recibió los oficios [...] de la Primera Sala de Apelaciones Nacional [...] que dispone la liberación de las personas comprendidas [...] Cabe señalar que de conformidad con los procedimientos internos del INPE y en atención a la orden judicial de verificar previamente algún impedimento de excarcelación, contamos con 24 horas como máximo para proceder a la ejecución de los mandatos de liberación”, se lee en el documento.
“El INPE es consciente de la importancia de garantizar el derecho a la libertad de las personas cuyos mandatos de prisión han concluido”, remarca la entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Como se recuerda, este miércoles el Poder Judicial anuló la prisión preventiva por 18 meses que se había dictado en primera instancia contra nueve árbitros por su vinculación con el Caso Odebrecht, mientras que confirmó esta medida restrictiva para otros cinco abogados.
La resolución de la sala de apelaciones dicta comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por 18 meses contra ocho abogados investigados, mientras que contra Alejandro Álvarez Pedroza varió su prisión preventiva por un régimen de arresto domiciliario.
Los árbitros que saldrán en libertad con esta decisión son Fernando Cantuarias Salaverry, Mario Eduardo Juan Martín Castillo Freyre, José Humberto Abanto Verástegui, Ramiro Rivera Reyes, Franz Nunzio Fernando Kundmüller Caminiti, Marcos Ricardo Espinoza Rimachi, Alfredo Enrique Zapata Velasco y Daniel Martín Linares Prado.
Como restricción y en reemplazo de la prisión preventiva, la Sala Penal de Apelaciones Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios estableció comparecencia restringida, incluyendo entre las reglas de conducta la imposibilidad de comunicarse con otros investigados por el mismo caso, además de no poder abandonar su ciudad de residencia sin permiso judicial.
Contra Alejandro Álvarez Pedroza, sin embargo, la sala solo varió su prisión preventiva por un régimen de arresto domiciliario.