La Comisión especial encargada de elegir a seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) del Congreso inicia este miércoles la primera parte de un proceso que se extenderá hasta mediados de enero del 2021, pero desde sus orígenes ha tenido demoras y ha generado ciertos cuestionamientos.
A fines de julio, el pleno del Congreso aprobó la conformación de este grupo de trabajo -que tiene un representante por cada bancada-, sin embargo no fue sino hasta el lunes 24 de agosto que la comisión fue instalada y se eligió a la Mesa Directiva. En el trayecto, hubo sesiones aplazadas y críticas a la forma en que fue elegida la directiva. Además, otro retraso recayó en la promulgación del concurso público para llevar a cabo esta selección: si bien el Congreso lo aprobó el 3 de julio, el presidente Martín Vizcarra lo promulgó recién el 22 de julio.
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Demoras en la instalación
Luego de aprobarse su formación, la Comisión especial tenía previsto instalarse la semana del 3 de agosto, luego esta fecha se trasladó al jueves 13 del mismo mes, pero nuevamente tuvo que ser aplazada hasta el 24 de agosto.
Algunas razones fueron que durante la sesión del pleno del 11 de agosto se dio cuenta del cambio del congresista Rolando Ruiz (Acción Popular) por Carlos Pérez -de la misma bancada- como miembro del grupo. Sin embargo, según Ruiz -quien es el actual presidente de la Comisión especial- se trató de un error y se tuvo que esperar al siguiente pleno para “subsanar” la equivocación. Otra razón para su postergación fue que se programó para esa misma fecha la interpelación al ministro de Educación, Martín Benavides.
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La comisión especial del TC tuvo su primera sesión el martes 18 de agosto, pero tampoco pudo instalarse y la reunión fue suspendida hasta tres veces por la falta de consenso y ausencia de legisladores para elegir a la Mesa Directiva.
El congresista Diethell Columbus (Fuerza Popular) había propuesto que Ruiz, María Cristina Retamozo (Frepap) y Tania Rodas (APP) integren esta directiva, pero Retamozo declinó de esta propuesta. Otro entrampamiento ocurrió cuando el congresista José Vega (UPP) presentó una segunda propuesta, con José Luna (Podemos Perú) como vicepresidente.
Finalmente, el 24 de agosto la Mesa Directiva fue elegida, pero la forma en que fue conformada fue cuestionada ese mismo día por la congresista María Teresa Céspedes (Frepap). Advirtió que entre los parlamentarios Vega y Luna habría una "jugada” para ser parte de la vicepresidencia: luego de que Vega propuso a Luna, en la siguiente sesión Luna fue quien dio el nombre de Vega, quien actualmente es parte de la directiva.
Por ello, Céspedes presentó un pedido formal para que se declare la nulidad de la elección de la Mesa Directiva por un “vicio no subsanable”. Había advertido que de continuar la lista elegida –y por la que ya se dio cuenta en el pleno–, la bancada abandonaría dicho grupo de trabajo. “El Frepap no se va a prestar a maniobras políticas que busquen la impunidad, ni incentiven actos de corrupción de funcionarios”, indicó en la carta.
Pese a ello, el congresista Ruiz dijo en aquella ocasión a El Comercio que la comisión estaba abocada a trabajar el reglamento y no se podía alargar más el tiempo. “Ya estamos trabajando, no podemos perder tiempo. Las nueve personas de la comisión estamos preocupados por el tema del tiempo”, declaró.
Otra controversia que se sumó a esta Comisión especial salió desde la bancada de UPP. El congresista Jim Ali Mamani, quien entonces era parte de ese grupo, pidió al presidente del congreso, Manuel Merino, evaluar la presencia de José Vega en la vicepresidencia.
Dijo que la presencia de algunos integrantes en la mencionada comisión “podría deslegitimar su importante trabajo y misión”, al indicar que se encargarán de evaluar la solvencia e idoneidad moral de los candidatos a magistrados del TC. Vega, por su parte, defendió su designación diciendo que el proceso se realizó de manera democrática y transparente, en relación a la carta de la congresista Céspedes.
“Nadie impugnó nada. Creo que no es serio que luego uno tenga que observar, eso no ayuda en esta labor política. Si ella [Céspedes] veía eso, lo hubiese denunciado antes, no posteriormente. La elección fue democrática y transparente”, declaró a este Diario en aquella fecha.
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El debate
Luego de haberse pospuesto una sesión de la comisión especial programada para el 2 de setiembre porque se presentarían en el pleno el presidente del Consejo de Ministro y la ministra de Economía, este grupo parlamentario realizó su primer debate del reglamento para elegir a los nuevos magistrados del TC el 9 de setiembre pasado.
Sin embargo, no se halló un consenso y debido a las observaciones Ruiz propuso que las sugerencias al reglamento sean enviadas a la mesa directiva de la comisión en los siguientes días. Luego de ser consolidadas y revisadas a través de los asesores de cada congresista miembro de la comisión, el reglamento con las observaciones sería enviado a cada legislador del grupo para que en la siguiente sesión se tenga “algo concreto, más fácil de avanzar”, según dijo ese día el congresista Ruiz.
La sesión del 9 de setiembre fue la primera que se realizó de manera presencial. Pese a que ese día el congresista Gino Costa (Partido Morado) solicitó que las siguientes se realicen de manera virtual debido a la pandemia, esa modalidad continuó en las siguientes reuniones.
En esta sesión, uno de los temas en que se concentraron las sugerencias de los congresistas tuvo que ver con la formación académica y evaluación de los futuros candidatos, así como al evaluación de la solvencia e idoneidad moral.
El domingo 20 de setiembre, la comisión especial tuvo una segunda sesión para debatir el reglamento de elección. En esta reunión, los congresistas Gino Costa y Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio) advirtieron la intención de aprobar rápidamente este documento sin una debida deliberación y aportes de instituciones afines al proceso de selección de altos funcionarios.
En esta sesión, la congresista Retamozo propuso la publicación de un anteproyecto de reglamento para que reciba la opinión y observaciones de entidades como la Contraloría, Servir, Defensoría del Pueblo, organizaciones civiles, entre otros.
El anteproyecto del reglamento fue publicado el 24 de setiembre y durante cinco días recibieron 69 aportes. El pedido unánime, según Ruiz, fue que este sea un proceso “transparente, objetivo y meritocrático”.
Ese día, los congresistas resaltaron los aportes de la Contraloría y la Defensoría respecto a los plazos para requerir los documentos de los postulantes. Además, una de las sugerencias, que finalmente no fue acogida, fue que los miembros de la comisión puedan conversar directamente con la Defensoría y Servir respecto a los plazos.
Una de las sugerencias, presentada por la Asociación Civil Transparencia, proponía que las tachas a los candidatos se presenten luego de haber culminado la evaluación curricular. Sin embargo, esta sugerencia no fue adoptada por la Comisión especial en el reglamento final.
No fue sino hasta la siguiente sesión, del 6 de octubre, cuando la comisión debatió las propuestas de manera ordenada, enfocada en una sola institución: la Contraloría. En esta reunión, se aprobó por mayoría adecuar el reglamento a tres de las cinco sugerencias hechas.
Sin embargo, uno de los aportes principales que tenía que ver con los plazos solicitados por la Contraloría no fue aprobado. El órgano de control había explicado en sus sugerencias que la revisión de las declaraciones juradas de intereses de los candidatos es un proceso complejo, por lo cual 15 días de plazo serían insuficientes y, en su lugar, solicitaban 20 días. Este pedido fue rechazado por cinco votos en contra.
Por otro lado, la sesión no estuvo libre de algunos cuestionamientos. Los congresistas Gino Costa, Diethell Columbus y Rocío Silva Santisteban advirtieron que la carpeta elaborada por la Secretaría Técnica de la comisión, y que consolidaba todos los aportes, recién fue entrega ese día, una vez iniciada la sesión, y no antes para revisar su contenido.
Esto ocurrió cuando la Secretaría Técnica propuso que los postulantes al TC cumplan un “curso de capacitación” sobre cómo llenar las declaraciones juradas, una propuesta distinta a la que había elaborado la Contraloría.
Una cuestionada aprobación
La noche del miércoles 14, la Comisión especial aprobó un reglamento con errores que fueron advertidos al día siguiente por la Contraloría y Transparencia. El órgano de control envió un oficio en el que manifestó su preocupación por no haberse respetado el plazo de 15 días –aprobado en la sesión anterior– para que puedan hacer la evaluación de las declaraciones juradas de los postulantes. Según ese reglamento, se reducía de 15 a 8 días como plazo.
Por su parte, Transparencia incidió en un comunicado que el reglamento aprobado mantiene errores que “deslegitimarían el proceso”. Por ejemplo, un postulante podría ser elegido elegido incluso si obtiene en la entrevista personal apenas 2 de los 12 puntos máximos en la categoría solvencia e idoneidad moral. “Esto no solo pondría en cuestión la idoneidad del candidato, sino que iría en contra del requisito de reconocida solvencia fijado por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”, sostuvo Transparencia.
Además, reiteraron que las tachas no deben limitarse al periodo previo a la evaluación curricular porque reduciría su eficacia para prevenir postulaciones no idóneas. Aunque la observación hecha por la Contraloría fue adecuada en el nuevo documento, las dos propuestas de Transparencia no fueron tomadas en cuenta en la redacción final.
Nuevamente la sensación de premura por aprobar un reglamento fue advertida por miembros de la comisión desde la mañana de ese jueves. En primer lugar, Costa dijo que la sesión del miércoles no había sido convocada para aprobar un texto final, sino para continuar con el debate de las sugerencias alcanzadas por otras instituciones.
Además, dijo que el documento con las modificaciones propuestas y el anteproyecto del reglamento llegaron a altas horas de la noche anterior: el primero a las 11 p.m. y el segundo casi a la 1 a.m., “sin cumplir el plazo mínimo de 24 horas que se requiere para remitir documentos que van a ser considerados en una reunión”.
La mañana del jueves 15, un día después de haberse aprobado el reglamento y aunque presentaba algunos errores, Rolando Ruiz envió un oficio al presidente del Congreso, Manuel Merino, para que esta propuesta de reglamento sea debatida y aprobada ese mismo día en el pleno.
Finalmente, a la medianoche, el reglamento del TC fue aprobado con 103 votos a favor pese a los pedidos del Partido Morado y el Frente Amplio para dedicar más tiempo al análisis de la propuesta. Francisco Sagasti solicitó esa noche un cuarto intermedio para poder revisar “a consciencia el texto” debido a que este fue alcanzado a los legisladores recién al mediodía. Al día siguiente, el sábado 17, el reglamento fue publicado en el diario oficial El Peruano.
Iván Lanegra: “la decisión política no está atada a los méritos”
Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, dijo a El Comercio que uno de los cuestionamientos que se evidenciará una vez iniciado el proceso es que la valla de evaluación curricular no es alta y tampoco reduciría la posibilidad de que personas “sin los suficientes pergaminos personales llegue a este punto”.
Por otro lado, indicó que habrá un peso político que terminará por ser decisivo en la selección de magistrados. Esto debido a que el Congreso no está obligado a respetar el orden de mérito de los postulantes.
“La decisión política no está atada a los méritos, sino a las consideraciones políticas de los miembros del Congreso”, explicó
Aunado a esto, el proceso previo no garantiza, de acuerdo con Lanegra, que todos los candidatos sean aptos. “En cuanto a la solvencia moral, mi impresión es que eso no está garantizado. Un cálculo sencillo muestra que para alcanzar 15 puntos en la entrevista personal bastaría obtener solo 2 puntos en solvencia moral para acceder. El puntaje mínimo en solvencia es 1”, incidió.
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