Familiares del presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, contrataron por más de S/200 mil con el Estado peruano pese a estar impedidos de ello. El programa “Punto Final” reveló que sus hermanos Marco Antonio Merino, Elba Merino, y su madre Elba de Lama, fueron contratistas entre el 2011 y el 2016, cuando el militante de Acción Popular era congresista de la República.
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La hermana del legislador, Elba Merino de Lama, contrató por S/ 63.500 por sus servicios como arquitecta al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), así como por la revisión de estudios técnicos para el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, el programa nacional de saneamiento rural y un contrato con la Municipalidad de Ramón Castilla. De esta forma, recibió el 2014 S/11.000; el 2015, S/ 31.000; y el 2016, S/ 21.500.
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En ese sentido, se dio cuenta también de que la madre de Merino contrató por S/ 37.200 con el Estado por el alquiler de una oficina al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Este monto lo obtuvo en el segundo periodo del actual presidente del Congreso como legislador (el primero fue del 2001 al 2006). De manera que el 2012, recibió S/ 12.000; el 2013, S/ 14.000; y el 2014, S/ 11.200.
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Finalmente en el caso de su hermano, Marco Antonio Merino, el programa señaló que la empresa de la cual es gerente general, “San Joaquín Servicios Múltiples”, fue proveedora del Estado y recibió S/ 100.991 entre el 2011 y el 2016.
La compañía fue contratista de la Municipalidad Provincial de Morropón por S/ 24.456 y de la Municipalidad Distrital de La Matanza por S/ 43.094, el año 2012; y por S/ 3.500 y S/ 21.310 a ambos municipios el 2014. Asimismo contrató con la Municipalidad de El Tallán por S/ 8.631 el 2015.
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Adicionalmente, “Punto final” reportó que en febrero del 2020, un mes antes de que Merino asuma nuevamente como congresista y presidente del Parlamento, la empresa en la que su hermano es gerente recibió S/ 27.140 por servicios en el rubro construcción en la Municipalidad de Tambo Grande.
Cabe recordar que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), en base a la Ley de Contrataciones del Estado, precisa que “las personas que cumplan una función pública, así como sus familiares, no pueden contratar con el estado durante su gestión y hasta 12 meses luego de haber dejado el cargo dentro de la jurisdicción de su competencia”.
“Rechazo cualquier injerencia”
Al ser consultado al respecto por el referido programa, el presidente del Congreso, Manuel Merino, rechazó que haya tenido alguna injerencia en beneficio de sus familiares a fin de que estos obtengan las referidas contrataciones. Sostuvo que no puede “hacer algo contra la vivencia independiente” de aquellos.
“No puedo, de ninguna manera, especialmente porque somos 6 hermanos, hacer algo contra la vivencia independiente de mis hermanos. Esto ha sido investigado y archivado por el Ministerio Público”, señaló.
“Rechazo cualquier injerencia de querer beneficiar a mis familiares directos e indirectos. En este momento, ninguno de mis hermanos ha hecho contrataciones con el Estado”, agregó.
El titular del Legislativo explicó que los servicios brindados por sus hermanos y su madre entre el 2011 y el 2016 vienen “de antes que haya sido electo congresista” y arguyó que es legal prorrogar un servicio que se brindaba “antes de que se acceda a la función pública”.
“Hay un pronunciamiento de la OSCE sobre este tema. Porque el contrato de mi señora madre viene de antes, del 2010, yo no era congresista, eso se ha prorrogado, eso está conforme a ley. En el caso de mi hermana, si bien contrata con el Estado desde el 2008. En este caso yo debo decir, que habría que preguntarle a ella si informó o no informó. Ella ha venido contratando antes”, manifestó.
“He preferido venir aquí a dar la cara, porque tengo una formación, vengo de una familia decente, con ética y moral, no puedo dejar que se sostengan afirmaciones como esta”, remarcó