La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró procedentes las denuncias que presentó la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra el excongresista Clemente Flores y el exintegrante del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Aguila.
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En el caso de Clemente Flores, se trata de una acusación vinculada al Caso Los Temerarios del Crimen, por el cual también se ha admitida una denuncia contra el exlegislador fujimorista Héctor Becerril.
Según las investigaciones fiscales, Clemente Flores, integrante de la bancada Peruanos por el Kambio, habría gestionado presupuestos a favor de obras de la Municipalidad de Chiclayo encabezada entonces por David Cornejo Chinguel, sindicado como cabecilla de Los Temerarios del Crimen. A cambio, el exlegislador había cobrado el 5% del monto asignado a cada obra.
La denuncia fue declarada procedente, tal como lo recomendó el informe de la secretaría técnica.
La subcomisión también admitió por unanimidad la acusación de la fiscal de la Nación contra Guido Aguila por los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal, como parte de las investigaciones del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
El Comercio ya había adelantado el sentido del informe de calificación contra el exconsejero Aguila. Según la acusación, el exmiembro del CNM buscó interceder para que se favorezca a un tercero en una investigación a cargo de la fiscal adjunta provincial de Junín, María del Pilar Paredes Padilla.
Ella luego lo denunciaría al igual que al presidente de la Junta de Fiscales Superiores de esa región, Marco Antonio Gutiérrez Quintana, por las “presiones” que habrían ejercido ambos funcionarios en la tramitación de la carpeta fiscal a su cargo.
Caso Nelson Shack
En la sesión, se aprobó por mayoría declarar improcedente una denuncia contra el contralor general de la República, Nelson Shack, planteada por un ciudadano ya que, según señaló el informe planteado por la secretaría técnica, se trata de un pedido de vacancia que fue derivado a la subcomisión de manera errónea.
Sin embargo, esta posición fue cuestionada por la congresista Martha Chávez, al señalar que la subcomisión no debería pronunciarse sobre un pedido de vacancia e inhibirse, con miras a que se solicite primero una opinión a la asesoría jurídica del Congreso e incluso de la Comisión de Constitución.
“Debemos tener cuidado, nosotros no podemos derivarlo. Podríamos inhibirnos, pero no podemos interpretar que porque así lo mandaron de mesa de partes se trata de una denuncia constitucional. Esto es un pedido de vacancia que, si no tiene un trámite, habrá que enderezarlo [...] Es un asunto que amerita que tengamos una consulta, una opinión de asesoría jurídica del Congreso o la Comisión de Constitución”, manifestó la congresista fujimorista.
Luis Roel Alva recomendó, en cambio, que cualquier legislador haga suya la causa presentada por el ciudadano Ghino Alarcón Núñez para derivarla a otro grupo de trabajo.
“Como no corresponde a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, no nos corresponde declarar, por lo menos en esta etapa [...] No cabe una inhibición, no está en el reglamento. Tenemos que seguir lo que dice el reglamento de que, en esta etapa, declaramos procedente o improcedente. Sí podemos hacer que esta denuncia ciudadana, no constitucional, sea hecha suya y tramitarla en la comisión correspondiente, que sería Fiscalización”, señaló.
Tras varios minutos de réplica, la congresista Martha Chávez criticó que pese a su observación se someta a voto la improcedencia de la denuncia, y también rechazó que Roel Alva le recomendara votar en abstención si es que estaba en contra de la improcedencia de la denuncia.
“Lamento que la presidencia tome la iniciativa de estar reinterpretando posiciones de congresistas. No estoy dispuesta a someterme a la interpretación que de mis intervenciones haga un congresista, aunque sea el respetado presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, aseveró la legisladora fujimorista.
Tanto Martha Chávez como la congresista Felícita Tocto (Somos Perú) votaron en abstención, mientras que Carlos Mesía se inhibió (no se contabilizó su voto). El informe fue aprobado finalmente por 12 votos a favor.
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