La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó, por unanimidad, declarar procedente las denuncias constitucionales contra el exministro de Trabajo y Promoción del Empleo Luis Adrianzén por presuntamente haberse interesado en el pago de 41 millones de soles a la empresa Aionia por parte de EsSalud.
El informe de calificación acumula las denuncias constitucionales 395 y 406 acumuladas, formuladas por el congresista Juan Burgos (Unidad y Diálogo) y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
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En ellas se precisa que el exministro habría infringido los artículos 38 y 39 de la Constitución Política y estaría inmerso en el presunto delito de negociación incompatible y/o aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal.
El informe determinó que las denuncias cumplen con los requisitos formales y los criterios de admisibilidad establecidos en el artículo 89 del reglamento del Congreso, plantea su procedencia y propone la acumulación de las referidas denuncias.
Improcedentes
Previamente, el grupo legislativo aprobó la improcedencia de otras denuncias. La primera fue la 083 (ex 430), formulada por el excongresista Yván Quispe contra el expresidente Martin Vizcarra por presunta infracción a los artículos 118 numeral 1 y 11 de la Constitución y los presuntos delitos de cohecho pasivo propio, colusión simple, negociación incompatible, tráfico de influencias y peculado.
Se declaró improcedente por cuanto los hechos guardan similitud con las denuncias 423 y 427, y por la cuales ya se inhabilitó a Vizcarra Cornejo. Fue aprobado por mayoría: 19 votos a favor, cero votos en contra y 1 abstención.
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La tercera fue la denuncia 216, formulada por Beatriz Mejía contra la exjefa del Gabinete Ministerial Mirtha Vásquez; el exministro de Salud Hernando Cevallos; la exministra de Trabajo y Promoción del Empleo Bettsy Chávez; el exministro de Justicia y Derechos Humanos Aníbal Torres; el exministro de Transporte y Comunicaciones Juan Silva; y otros exministros.
A estos funcionarios se les acusó por la presunta infracción a los artículos 43, 44 y 45 de la Constitución Política del Perú y por la presunta comisión del delito de traición a la patria, tipificado en el artículo 325 del Código Penal.
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Se declaró improcedente la denuncia porque la denunciante no resulta directamente agraviada y los hechos atribuidos no constituirían infracción constitucional, y tampoco encajaría dentro del delito de atentado contra la integridad nacional. Se aprobó con 18 votos a favor, cero en contra y 1 abstención.
Finalmente, la presidenta de la subcomisión, Lady Camones (Alianza para el Progreso), informó que el congresista delegado Esdras Medina (Unidad y Diálogo) remitió el informe de la denuncia constitucional 373, formulada por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
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Luego de la participación de la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular), quien solicitó agregar algunos hechos adicionales, hecho que fue aprobado, la presidenta señaló que en una próxima sesión determinará fecha y hora para la respectiva audiencia.
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