La Comisión Permanente del Congreso de la República decidió que las denuncias constitucionales en contra del expresidente Martín Vizcarra, la exministra de Salud Pilar Mazzetti y la exministra de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete por el caso denominado ‘Vacunagate’ retornen a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para “precisiones”.
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Durante la sesión, el congresista Guillermo Aliaga (Somos Perú) indicó que el acuerdo en la subcomisión fue que se acumulen la denuncia 430 con las 423 y 427. Sin embargo, el legislador Jim Mamani (Unión por el Perú), ponente en las denuncias 423 y 427 por juicio político, advirtió que si estas se acumulaban, ocasionarían que el caso demore hasta que haya un informe de calificación para todas en conjunto.
Por esa razón, el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular), propuso que los tres informes remitidos sean devueltos a la Subcomisión para que se hagan precisiones.
Con 25 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención se aprobó que la denuncia constitucional 430 en contra del exmandatario Martín Vizcarra retorne al subgrupo de trabajo que preside Carlos Pérez (Acción Popular).
La misma decisión se tomó en el caso de la denuncia constitucional 435 con 25 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones; y en el caso de la denuncia constitucional 425 con 23 votos a favor, uno en contra y una abstención. Estas últimas están referidas a las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete.
El exmandatario y las exministras son procesados por ocho presuntos delitos: organización criminal, concusión, colusión agravada, peculado doloso, cohecho pasivo propio, negociación incompatible, tráfico de influencias y falsificación de documentos.
Al exmandatario y a las exministras también se les acusa de haber vulnerado los artículos 1, 2 (inciso 2.2), 7, 9, 38, 39, 44, 110, 118 (incisos 1 y 11) de la Constitución.
Como se recuerda, en total, se presentaron ocho denuncias constitucionales contra Martín Vizcarra, Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, pero estas fueron acumuladas para ser procesadas.
Por un lado, las que acusan infracciones constitucionales para un juicio político que podría terminar en su inhabilitación para ocupar cargos públicos, y por otro el antejuicio político para que puedan ser investigados por delitos de función en el Ministerio Público.
La Comisión Permanente, una vez que la subcomisión haga las precisiones sobre las denuncias pendientes, deberá pronunciarse sobre la admisión de las mismas y otorgar un plazo para que se hagan las investigaciones contra los antiguos altos funcionarios.
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