Los congresistas Rosangella Barbarán y Arturo Alegría, de Fuerza Popular, se opusieron este lunes 13 a que la Comisión de Ética Parlamentaria admitiera una denuncia de oficio contra su compañero de bancada Eduardo Castillo Rivas.
La denuncia contra Castillo es por presuntamente haber ejercido violencia psicológica y económica contra su expareja. Recientemente, el Segundo Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Sullana otorgó medidas de protección para ella.
No obstante, Barbarán y Alegría aseguraron que Castillo dio sus descargos a la bancada, con documentación que acredita su versión.
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Según afirmaron, el legislador está en proceso de conciliación con su expareja, por lo que se trata - según consideró Barbarán- de un tema “personalísimo”.
“No hay ninguna persona a quien juzgar en este caso porque un hecho personalísimo, como lo es un divorcio, siempre es un tema doloroso para todas las partes. Conociendo el material al que hemos podido acceder, yo sí considero que no amerita ningún tipo de apertura, al menos a través de la Comisión de Ética”, dijo.
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En tanto, Alegría señaló: “Lo que aquí hay, digamos, es una discusión probablemente entre dos personas que han mantenido una relación. [...] Abrir investigación creo que no es lo adecuado por parte de la comisión. Me extraña que sin mayores argumentos la comisión pretenda abrir investigación”.
Pese a la oposición de Barbarán y Alegría, la denuncia fue admitida por mayoría, con nueve votos a favor, dos en contra y una abstención de la legisladora Rosío Torres Salinas, de Alianza para el Progreso (APP).
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Antes de la votación, la comisión dio cuenta que la esposa de Castillo ha denunciado maltratos al interior de su vivienda, y ha mostrado conversaciones de WhatsApp como pruebas de violencia psicológica y económica.
El Comercio accedió a la resolución que dicta medidas de protección a favor de la expareja de Castillo. El documento da cuenta de una pericia psicológica que concluye que la mujer presenta “reacción ansiosa” frente a la negativa del legislador de cumplir con algunos acuerdos tomados en la conciliación.
La Comisión de Ética investigará si el congresista de Fuerza Popular ha infringido los artículos dos, tres, cuatro y cinco del reglamento del Código de Ética Parlamentaria.
El Comercio intentó comunicarse con Castillo vía telefónica, pero hasta la publicación de esta nota no nos respondió.
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