El pleno del Congreso tiene en su agenda de este jueves el pedido de reconsideración presentado por el vocero del Partido Morado, Francisco Sagasti, contra la ampliación del plazo para que la Comisión de Fiscalización siga investigando el caso Richard Swing.
El 8 de octubre, el Partido Morado solicitó reconsiderar la votación realizada en el pleno de ese mismo día, respecto a una nueva prórroga para la Comisión de Fiscalización. Lo que se busca es aclarar que las facultades otorgadas al mencionado grupo de trabajo, alcanzan al Ministerio de Cultura y no a otras entidades del Estado.
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La ampliación fue aprobada con 102 votos a favor, 8 en contra y 11 abstenciones. Durante la sesión, las bancadas del Frente Amplio y el Partido Morado se opusieron debido a que buscan retirar al congresista Edgar Alarcón de la presidencia de la Comisión de Fiscalización.
En la reconsideración presentada por el vocero del Partido Morado, se advierte que existe una discrepancia entre la moción que otorga facultades a la Comisión de Fiscalización y el segundo informe preliminar de dicho grupo de trabajo, que indica que indagarán también a otras entidades del Estado.
Alarcón pide a Merino que se archive pedido
Mientras tanto, Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización envió un oficio al presidente del Congreso, Manuel Merino, solicitando que la Junta de Portavoces y la Mesa Directiva archiven el pedido de reconsideración a la votación que aprobó la ampliación de plazo para investigar el caso Swing.
Según señala, tanto la ampliación del plazo como el objetivo de las pesquisas fueron aprobados por el pleno del Parlamento, conforme lo establece el Reglamento del Congreso.
Precisa además que el pleno aprobó "la ampliación del plazo de la investigación por un lapso de 45 días calendario y además la ampliación del objeto de la investigación no solo para el caso del Ministerio de Cultura, sino para “otras entidades desde el año 2018 a la fecha”.
Añade que así se precisa en el punto 9 de las recomendaciones del informe preliminar aprobado por la Comisión de Fiscalización.
“Lo que se aprueba y vota en el pleno y que se supone cada congresista debe leer es el informe preliminar completo, que incluye las conclusiones y recomendaciones”, escribió Alarcón a Merino.
Según el artículo 58 del Reglamento del Congreso, las reconsideraciones de votaciones, presentadas de manera posterior y por escrito, requerirán una votación mayor a la mitad del número legal de congresistas, dependiendo del quórum legal de la sesión del pleno.
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