En julio pasado, pocas horas antes de que finalice la última legislatura, el pleno del Congreso anterior aprobó un proyecto de ley que planteaba cambios al proceso de colaboración eficaz. Esta iniciativa fue impulsada por parlamentarios de Podemos Perú.
Días después, el expresidente Francisco Sagasti observó la autógrafa de ley, mediante un oficio enviado a la entonces presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez. Antes el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público también se habían pronunciado en contra de estos cambios, al señalar sus riesgos, y que el proyecto no era viable.
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“Las modificaciones planteadas lesionan la autonomía del Ministerio Público en el conocimiento y conducción de la investigación del delito previsto en el artículo 159 de la Constitución”, indicó el exmandatario.
Entre los cambios figuran establecer plazos al proceso de colaboración eficaz que dirigen los fiscales, así como que los testimonios de los aspirantes a colaborador solo podrán ser utilizados en la investigación si cuentan con aprobación judicial.
En setiembre la bancada de Alianza Para el Progreso pidió la actualización del proyecto de ley, a pedido de la congresista Gladys Echaíz, presidenta de la Comisión de Justicia. Esto fue aprobado por el Consejo Directivo del Congreso.
En declaraciones a este Diario, Echaíz señaló que el proyecto de ley que fue archivado se verá en el grupo de trabajo que dirige.
“No conozco los detalles de la observación, sé en términos generales que el proyecto está relacionado con los plazos que se toman los investigadores sobre los delitos de crimen organizado”, declaró.
La congresista dijo que en la Comisión de Justicia se revisará “si es un problema de la ley o si es un problema de los ejecutores de la ley, vamos a revisarla, a contrastarla con la realidad y recibiendo la opinión de quienes vienen ejecutando la norma”.
“El proceso de corroboración (en la colaboración eficaz) puede ser prudencial, pero si alguien va a declarar sobre algo puntual que dice constarle, me imagino que llevarán algo para contrastarlo y verificar, eso no le puede tomar tres, cuatro años para un acuerdo, eso es el tema”, indicó.
¿Qué modificaba el proyecto de ley?
¿Qué modificaba el proyecto de ley?
Los cambios al proceso de colaboración eficaz fueron parte de un proyecto de ley impulsado por la congresista de Podemos Perú María Teresa Cabrera.
Entre las modificaciones figura la de establecer un plazo de cuatro meses entre el requerimiento del aspirante para someterse a una colaboración eficaz hasta la aprobación o denegación del acuerdo por parte de un juez.
Es en este período en que el Ministerio Público corrobora las declaraciones y pruebas entregadas por el aspirante a colaborador. Actualmente, los fiscales no cuentan con un límite de plazo para esta etapa.
Además se busca que en las diligencias para recoger las declaraciones que brinden los aspirantes ante el fiscal del caso, se encuentre además el fiscal superior coordinador o su adjunto.
También establece la prohibición de que los aspirantes a colaboradores declaren en calidad de testigos, así como que sus testimonios puedan ser corroborados con lo dicho por otros aspirantes.
Tras la aprobación del proyecto de ley por el Congreso pasado, fuentes vinculadas a casos emblemáticos dirigidos por la fiscalía consideraron que las modificaciones “buscan institucionalizar mecanismos de impunidad mediante la norma procesal”, y que otro objetivo es que los procesos de colaboración pierdan efectividad.
Al observar la ley, el expresidente Sagasti sostuvo que “la introducción de un plazo en el procedimiento de colaboración resulta contraproducente, en especial respecto de procesos complejos como los que se presentan en los casos de criminalidad organizada”.
Agregó que la normativa busca establecer una limitación al uso de la información obtenida respecto a otros procesos.
“Ello, contradice directamente el principio de utilidad del proceso especial, así como al objeto mismo de la colaboración como herramienta utilizada por el Fiscal para obtener acceso a información a la que de otro modo le sería difícil acceder. Asimismo, la limitación impuesta no ha sido sustentada en el dictamen ni en el proyecto de ley”, indicó.
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