En un comunicado difundido este viernes 14 de junio, el Consejo de la Prensa Peruana alertó sobre un paquete legislativo que “supone censura y un ataque contra la libertad de expresión”. Advirtió que se pretende “restarle independencia” al Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) y afectar a las ONG.
En primer lugar, alertó que la Comisión de Descentralización aprobó que representantes del Congreso y del Poder Judicial integren el directorio del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), a cargo de las señales de TV Perú y Radio Nacional.
“Este es un abierto atentado contra la independencia que debe tener el IRTP para informar con neutralidad a los peruanos: somete a su línea editorial a las presiones del poder, algo que el último año ha ocurrido con el despido de muchos periodistas del canal”, puntualizó.
“La propuesta atenta contra buenas prácticas establecidas en Argentina, Chile, España, México e Italia. En el pasado, la Defensoría del Pueblo y la Presidencia del Consejo de Ministros han señalado que iniciativas como esta implican afectaciones a la separación de poderes y la politización del canal”, enfatizó el comunicado.
En segundo lugar, se refieren a los cambios en la ley aprobados por la Comisión de Relaciones Exteriores para supuestamente fortalecer la “supervisión y fiscalización de las ONG” a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
“En el ámbito periodístico, esto permitirá una persecución política a organizaciones que promueven y defienden las libertades de expresión y de prensa, además de no pocos medios de comunicación sin fines de lucro”, remarca.
El Consejo de la Prensa Peruana incluso advierte que se podría acusar arbitrariamente a organizaciones por un supuesto “activismo político” o por recibir fondos de “agentes extranjeros” cuando ya existe transparencia y fiscalización a través de la APCI, Sunat y SBS.
“Leyes similares han sido aprobadas en las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela”, advierten además de señalar que el CPP enviará una iniciativa legislativa para garantizar la autonomía e independencia del IRTP al Parlamento.
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