El respaldo al nuevo pedido de facultades legislativas que anunció ayer el Gobierno para abordar la situación en los penales no está garantizado en el Congreso. Luego del mensaje del presidente Martín Vizcarra, al menos dos bancadas (Podemos Perú y Unión por el Perú) adelantaron su rechazo. En otras se indicó que se evaluaría, aunque en casi todas resalta la crítica al manejo del Ejecutivo en este tema.
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“¡Qué pena que en plena guerra contra la pandemia el Ejecutivo haga cuestión de estado la liberación de los presos en los penales! ¡Le adelanto que Podemos Perú se opondrá hasta el final! ¡Nombre un ministro de justicia que pueda velar por la salud de los presos dentro de prisión!”, zanjó en Twitter el vocero de Podemos Perú, Daniel Urresti, a minutos de anunciarse el nuevo pedido en televisión nacional.
Por su parte, el portavoz de UPP, José Vega, remarcó a El Comercio que su agrupación no será “partícipe de este tema”. Cuestionó el manejo del Gabinete Ministerial que lidera Vicente Zeballos, y en especial al ministro de Justicia, Fernando Castañeda, contra quien ya se anunció que la bancada presentará una acusación constitucional por la situación en los penales.
“Nosotros como bancada no somos partícipes de ese tema. Seguramente otras bancadas lo harán. [¿Van a votar en contra?] Sí, nosotros no apoyamos eso”, acotó Vega a este Diario.
Y es que para el portavoz de UPP, “este Gabinete ya está de salida, no responde”. “Si este Gabinete se mantiene nos espera una situación más terrible como la que estamos viviendo, porque antes de la pandemia ya estaban jalados en gestión. Nos preocupa”, apuntó.
En Acción Popular y Somos Perú indicaron que primero revisarán la propuesta que presente el Ejecutivo (hasta el cierre de este informe no se presentaba formalmente), aunque en caso de la última bancada su vocero, Rennan Espinoza, hizo hincapié en que “si va a pedir facultades para poder legislar y mediante ley soltarlos [a reclusos], seguramente se las vamos a denegar”.
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Esto debido a que al interior de Somos Perú es un tema cerrado que la estrategia para afrontar esta crisis no está en liberar a presos sino en fomentar más acciones sanitarias dentro de los penales. Y que si el Ejecutivo insiste en “soltar personas que están privadas de su libertad y con condena, que los indulte”.
“Compartimos el sentimiento de humanidad, porque ningún recluso debe morir, simplemente estar privado de su libertad, pero la solución no es soltarlos las calles. La solución es cuidarlos”, expresó.
El portavoz de Acción Popular, Otto Guibovich mencionó que es constitucional que el Ejecutivo pida facultades, “pero que trabajen y tomen decisiones rápidas”. “Tienen una serie de problemas de gestión. Es un tema salubridad dentro de los penales, eso no lo hace el Congreso”, agregó.
Idas y vueltas de las facultades no otorgadas
Son varios los parlamentarios de diversas agrupaciones políticas, incluso portavoces, los que manifiestan que el Congreso ya le otorgó a fines de marzo facultades al Ejecutivo para que aborden, entre otros, la problemática de los centros penitenciarios. Sin embargo, que a 50 días no se hizo nada.
Francisco Sagasti, vocero del Partido Morado, hizo hincapié en que esto no fue así. En el texto final que aprobó a fines de marzo el Congreso, sobre las primeras facultades requeridas para afrontar la pandemia del COVID-19, se excluyó del pedido original la parte en la que se hacía referencia a “la variación jurídica” de las personas recluidas en los centros penitenciarios.
Es por ello que el Gobierno interpreta que las facultades sobre este tema les fueron denegadas, puesto que lo que se aprobó solo menciona de forma general “establecer programas, acciones y mecanismos que permitan su atención y facilite la asistencia sanitaria, mientras dure la emergencia”.
“Nosotros habíamos acordado en principio en el partido aprobar la delegación de facultades en este punto. Pero por alguna razón […] al final esta frase se eliminó, entonces lo que salió publicado en El Peruano no le permitía al Ejecutivo hacer cambios en la condición de los reos que están con prisión”, comentó el portavoz del Partido Morado.
Por esta razón la agrupación respaldará, como había acordado en un inicio, un pedido de facultades sobre este punto. De momento, es la única que se ha mostrado a favor.
Para este informe El Comercio intentó comunicarse con los voceros titulares del Frente Amplio, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular, sin embargo, no se recibió respuesta.