Jorge Montoya sustentó proyecto para retirar al Perú de la Convención Interamericana de DD.HH.: ¿qué opinan las bancadas?

La Comisión de Constitución del Congreso no solo inició este martes el debate sobre la solicitud de facultades del gobierno de Dina Boluarte para legislar en materia de seguridad ciudadana y otros, sino también dio espacio para que el portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, sustente su proyecto de ley para retirar al Perú de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

El artículo 3 de la iniciativa de Montoya establece que en un plazo de 30 días calendarios, contados desde el día siguiente a la publicación de la norma, el presidente de la República debe presentar ante el Parlamento “el instrumento de denuncia” a la convención, a fin de que este sea aprobado en el hemiciclo.

Si el jefe de Estado desestima la denuncia, tiene que remitir al Congreso “un informe sobre las razones que le asisten para considerar que es inoportuna e inconveniente” esta medida.

Durante su exposición, Montoya afirmó que el Perú es un país que “respeta y defiende” los derechos humanos.

“Desde la Constitución de 1979, el Perú ingresa a la órbita de los países humanistas, tradición que se mantiene en la Constitución de 1993 (artículo 1 de ambas constituciones). El respeto y defensa de los Derechos Humanos por parte del Estado, no depende estrictamente de estar vinculados a un tratado internacional”, refirió.

El almirante de la Marina en retiro refirió que la justicia peruana “ha demostrado eficacia, autonomía e independencia”, al remarcar que ha “juzgado y condenado con las garantías del debido proceso a más de cinco presidentes de la República”. No obstante, el único mandatario con condena firme en la actualidad es Alberto Fujimori. Los demás afrontan procesos.

El congresista de Renovación Popular indicó que “es necesario recuperar el concepto de soberanía jurisdiccional” del Estado peruano.

“Constituye un hecho incontrastable la madurez institucional y democrática del Estado peruano, su capacidad de autogobierno y determinación. Prueba de ello es que el autogolpe del expresidente Castillo no se consolidó, recuperándose rápidamente los cauces institucionales en base al cumplimiento constitucional”, subrayó.

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Montoya dijo que el interés de su bancada en renunciar a la Convención Interamericana de Derechos Humanos no solo es para introducir cambios normativos frente a la amenaza de la delincuencia común y el crimen organizado, sino también por dos hechos.

El primero es la admisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de una demanda presentada por el cabecilla terrorista del MRTA Víctor Polay Campos; y la medida cautelar a favor del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, que le otorgó la Corte IDH.

“Hasta donde tenemos entendido, [Salas] cuenta con 17 agentes [de la Policía para su seguridad], qué otras medidas puede exigir este magistrado que no hace más que aferrarse al cargo”, criticó.

Montoya indicó que la “izquierda internacional” usa el sistema interamericano de DD.HH. para “inmiscuirse en temas de los estados”.

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“¿Qué sucedería si el Perú denuncia la Convención Americana de Derechos Humanos? No pasaría nada, por el contrario, nuestros mecanismos institucionales de justicia se fortalecerían con independencia y autonomía, ejerciendo libremente la soberanía jurisdiccional”, acotó.

Fuerza Popular abierta a debate

A su turno, la congresista Patricia Juárez, de Fuerza Popular, indicó que se tiene que analizar el costo beneficio de que el Perú esté dentro de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

“Hemos visto sentencias que en muchos casos han perjudicado al Estado peruano y han significado ofensas al Estado peruano, protegiendo supuestos derechos que han subvertido el orden en el país”, expresó.

A título personal, Juárez refirió que se debe analizar “si corresponde o no instaurar la pena de muerte en el país” para los violadores de bebés y niños. “Esas personas no tienen ninguna posibilidad de rehabilitarse, y sí, creo que tenemos en este momento que analizar una circunstancia como esa, cuánto beneficio ha dado nuestra pertenencia a este sistema”, acotó.

Por su lado, el parlamentario Carlos Anderson (no agrupado) le preguntó a Montoya sí denunciaría a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, si ésta tuviera un sesgo de derecha.

La congresista Margot Palacios, de Perú Libre, refirió que le preocupa la iniciativa de Renovación Popular, porque “transgrede” la Constitución de 1993.

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Además, el legislador Hamlet Echeverría (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) calificó de “un absurdo jurídico” la propuesta de Montoya.

“Este proyecto debería ir al archivo, los derechos humanos no son reversibles. Ninguno puede negar la situación que atraviesa el país por la delincuencia, yo mismo lo he vivido, en 1991 y 1992 hice el servicio militar, vi de cerca, lo viví lo que hacían las Fuerzas Armadas, la Policía y los grupos terroristas […]”, expresó.

La Comisión de Constitución también tenía previsto escuchar la sustentación de los proyectos de ley de los congresistas Segundo Montalvo (Perú Libre), Rosselli Amuruz (Avanza País) y Wilson Soto Palacios (Acción Popular), que también plantean el retiro del Perú del sistema interamericano de justicia. Pero no se presentaron.

“Estas propuestas son impropias”

El ex primer ministro Pedro Cateriano consideró que, así como se exige el respeto a la Constitución, también se debe exhortar al Congreso “el respeto irrestricto de los tratados internacionales” suscritos por el Perú, entre ellos la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

“Los tratados internacionales que hemos firmado forman parte de nuestro orden legal. Entonces, es inexplicable que sigamos usando argumentos de la dictadura de Fujimori y Montesinos, esto sin duda afecta la reputación internacional del país. Estas iniciativas de diferentes congresistas son absolutamente inexplicables”, cuestionó.

En diálogo con El Comercio, Cateriano recordó que, tras el autogolpe del 5 de abril de 1992, el gobierno fujimorista copó casi todo el sistema de justicia. “Entonces, el único lugar que teníamos para defender nuestros derechos era llegar a la Corte IDH. Qué hubiera pasado si el efímero golpe de Pedro Castillo hubiera prosperado. Lamentablemente, en el Perú la tentación autoritaria es una realidad. Estas propuestas son impropias en un mundo que busca defender los derechos humanos”, concluyó.