Patricia Chirinos busca inhabilitar al fiscal de la Nación por archivar investigación a Martín Vizcarra: los argumentos de la nueva denuncia

Patricia Chirinos insiste en su intento de destituir al actual fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. La congresista de Avanza País, quien enfrenta una investigación, presentó una nueva denuncia constitucional contra la máxima autoridad del Ministerio Público.

Chirinos denunció a Juan Carlos Villena por su decisión de archivar una investigación preliminar contra el expresidente Martín Vizcarra por el caso de la compra de pruebas rápidas durante su gobierno. Le atribuye haber infringido dos artículos de la Constitución y haber cometido cuatro presuntos delitos. Por ello, solicita que se le inhabilite por 10 años para ejercer cargos públicos y se le inicie un proceso en el Poder Judicial.

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“La muerte de miles de peruanos no puede quedar impune. El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, al archivar la denuncia contra Vizcarra por la compra de las ineficaces pruebas rápidas durante la pandemia del Covid19, ha cometido los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, patrocinio ilegal y demora de actos funcionales. Por ello he presentado DC en su contra, solicitando su destitución e inhabilitación hasta por 10 años de toda función pública”, escribió Chirinos en su cuenta de X.

El documento fue remitido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso. Allí se tendrá que dar cuenta de su presentación y determinar si se admite a trámite. Si ello sucede, se asignará a un ponente para elaborar un informe del caso en el que se recomendará acusar constitucionalmente o archivar el expediente. Ambas decisiones deberán ser elevadas luego a la Comisión Permanente. Todo este proceso suele durar varios meses.

En cuanto al caso de Martín Vizcarra y las pruebas rápidas, el archivo dispuesto por Juan Carlos Villena ocurrió a fines de mayo, luego de una investigación preliminar realizada durante la gestión de Patricia Benavides. Luego de evaluar la evidencia recogida por su antecesora, el actual fiscal de la Nación concluyó que no se podía establecer la comisión del delito de colusión de parte del expresidente por ese caso.

La decisión generó críticas contra el fiscal de la Nación, principalmente desde el Congreso. Uno de ellos fue el fujimorista Héctor Ventura, expresidente de la Comisión de Fiscalización. Ese grupo de trabajo emitió un informe donde sí se halló responsabilidad de Martín Vizcarra por el delito de colusión y se recomendó denunciarlo constitucionalmente.

En tanto, la Procuraduría General del Estado (PGE) presentó el último viernes un pedido al fiscal de la Nación para que evalúe un grupo de nuevas evidencias y disponga reabrir esa investigación a Martín Vizcarra. Esa decisión aún está pendiente.

En la denuncia constitucional -a la que accedió El Comercio- Patricia Chirinos cita el referido informe de la Comisión de Fiscalización para sostener que sí podía establecerse el delito de colusión.

Además, citó un documento del órgano de control del Instituto Nacional de Salud (INS) que detectó que las pruebas rápidas “no permitieron el diagnóstico oportuno del virus” y que señalaron “una serie de omisiones en el control y supervisión de la distribución de estos bienes”.

Dicho informe del órgano de control, que pudo revisar este Diario, no aborda una presunta responsabilidad penal de Martín Vizcarra o de las exministras María Antonieta Alva (Economía) o Elizabeth Hinostroza (Salud); pero sí halla presuntas responsabilidades administrativas y penales de funcionarios del INS.

Sobre las conclusiones de la Comisión de Fiscalización, la denuncia de Patricia Chirinos remarca que uno de los resultados del gobierno de Martín Vizcarra fue la adquisición de un gran lote de pruebas rápidas, las cuales “contribuyeron a la muerte de 200 mil peruanos”. “Las pruebas rápidas ocasionaron falsos positivos y diagnósticos incorrectos, lo que llevó a una trágica pérdida de miles de vidas”.

“Resulta inverosímil que pese a la información pública tanto de la Contraloría General del Estado, Congreso de la República y entidades internacionales de la salud, el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena ha optado por archivar esta denuncia, planteando serias preocupaciones”, afirma la denuncia.

“El representante del Ministerio Público ha evidenciado una violación a sus funciones constitucionales y competencias como funcionario público y representante de una institución que tiene por objetivo la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos”, añade.

“Este acto vulnera los preceptos constitucionales al no investigar a los presuntos responsables que pusieron en riesgo la vida e integridad de más de 33 millones de ciudadanos que confiaron en las políticas públicas durante el Gobierno del expresidente [...], quien aseguró que las pruebas rápidas eran una opción segura, pese a que no contaban con sustento científico-técnico”, agregó.

De acuerdo con la denuncia, ello representa una infracción a los artículos 39 y 159 de la Constitución. El primero establece que “todos los funcionarios públicos están al servicio de la Nación”, entre ellos el fiscal de la Nación. El otro señala que una de las funciones del Ministerio Público es promover “la acción judicial en defensa de la legalidad y los intereses públicos”, así como “ejercitar la acción penal de oficio o a pedido de parte”.

“La decisión del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, de archivar la investigación contra el ex presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo y otros altos funcionarios por la compra de pruebas rápidas para la detección del COVID-19, a pesar de contar con informes que indicaban que esta compra afectó negativamente a miles de peruanos, podría ser interpretada como una infracción a este artículo constitucional”, dice Patricia Chirinos.

Adicionalmente, la congresista sostiene que la actuación del fiscal constituiría los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, patrocinio ilegal, y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

Actualmente, Patricia Chirinos es investigada por la fiscal suprema Delia Espinoza como parte de la presunta red criminal que habría liderado Patricia Benavides durante su etapa como fiscal de la Nación. Allí se le imputan los supuestos delitos de organización criminal, cohecho activo específico, cohecho pasivo impropio y negociación incompatible.

En una carpeta adicional ligada al caso de Benavides, Delia Espinoza cerró su investigación preliminar y presentó en mayo pasado una denuncia constitucional contra la exfiscal y Patricia Chirinos. Allí se la acusa del delito de peculado doloso agravado y se pide al Congreso levantar su inmunidad (antejuicio) para poder procesarla ante el Poder Judicial. La denuncia no ha tenido mayores avances en la SAC.

En más de una oportunidad, Chirinos negado las acusaciones. El 14 de mayo, en sus redes sociales, escribió: “No sigan con sus cuentos, porque yo no he cometido ningún delito, no le debo nada a nadie. Todas las DC y PL que he presentado, las he hecho por convicción, pensando en lo que es mejor para el país, sin ningún interés de por medio”.

Patricia Chirinos también promovió una denuncia constitucional contra la fiscal suprema Delia Espinoza, alegando que había infringido la Carta Magna por investigarla, ya que solo el fiscal de la Nación puede indagar a un congresista. Sin embargo, su denuncia fue declarada improcedente en la SAC. El Poder Judicial también rechazó un recurso presentado por ella con el mismo argumento, el cual buscaba apartar a la fiscal Espinoza de las pesquisas en su contra.

En diálogo con El Comercio, el abogado constitucionalista Erick Urbina consideró que una decisión de criterio penal, como la tomada por Juan Carlos Villena en este caso, no puede tomarse con una posible infracción a la Constitución. “A menos que se compruebe que hubo un acuerdo entre el expresidente y el fiscal de la Nación, o de repente un tipo de prebenda”, indicó.

“Pero si él [Juan Carlos Villena] ha actuado de acuerdo a derecho y ha considerado, viendo todos los indicios y prueba, que el señor Vizcarra no ha cometido delito, puede archivar la denuncia y es parte de sus funciones. Tú no lo puedes obligar. No debería proceder [la denuncia]”, agregó.

Urbina recordó que el fiscal de la Nación solo está obligado a formalizar y continuar una investigación contra un alto funcionario cuando el pleno del Congreso aprueba una denuncia constitucional en su contra por esos delitos. Sin embargo, en este caso la denuncia constitucional no es contra Martín Vizcarra para que se le pueda iniciar una investigación preparatoria, sino contra Juan Carlos Villena por archivar la investigación preliminar.

“Si es una investigación preliminar, como es el caso del señor Vizcarra, la fiscalía es autónoma. Y si ve que no hay indicios, puede archivarlo y no tiene que responder por ello”. En esa línea, opinó que acusar constitucionalmente a un fiscal de la Nación por ello representaría una intromisión en las autonomía del Ministerio Público.

Gilmar Andía, ex viceministro de Justicia, opinó que las supuestas infracciones a la Constitución “no tienen ningún tipo de fundamento” [...] Una atribución del fiscal de la Nación es ejercer la acción penal. Y si puede ejercerla, puede elegir no ejercerla. No es una norma de carácter imperativo que indica qué debe hacer el fiscal de la Nación”, dijo a este Diario. Además, recordó que Patricia Chirinos es investigada y ha sido denunciada por la misma fiscalía, y señaló que “se ha hecho conocido por presentar todas las denuncias constitucionales que pueda en contra de las personas que, para sus intereses, puedan ser incómodas”.

El abogado indicó que el único antecedente de un caso similar es la acusación constitucional que inhabilitó a la fiscal suprema Zoraida Ávalos, decisión que luego fue revocada por el Poder Judicial. En cuanto a la presunta comisión de delitos, opinó que se trata de un “absurdo” y “un abuso del derecho al momento de ejercer esta facultad para presentar una denuncia constitucional”.

“El fiscal de la Nación ha señalado que no tiene indicios suficientes para pasar de sospecha simple (investigación preliminar) a sospecha reveladora (investigación preparatoria) y decir que no hay un acto de colusión. Eso no quiere decir que no hayan verificado que hay actos irregulares, lo que están diciendo es que no hay indicios suficientes de un acto de colusión, que es cuando un funcionario se pone de acuerdo con un particular. Ya la Corte Suprema ha sido bien clara”.

Por todo ello, Andía consideró que la denuncia representaría “una clara vulneración de la independencia de los poderes y la autonomía de un órgano constitucionalmente autónomo, como es el Ministerio Público”. “Es decir: si yo congresista no logro que se denuncie a quien considere a quien yo considero mi adversario político, entonces te denuncio porque no estoy de acuerdo con tu decisión. El fiscal de la Nación es autónomo, nos guste o no su decisión”.

Sobre el caso del expresidente en sí, indicó que su archivo “puede ser cuestionable”. “Tenemos todos el derecho a discutir esa decisión, pero eso no puede decir que puedo estar denunciando al más alto funcionario de un órgano autónomo para tratar que este haga lo que yo quiero [...] No estoy diciendo que la decisión del fiscal haya sido la correcta. Creo que ningún penalista podría decirlo, porque hay que analizarlo”. En esa línea, destacó que la Procuraduría General haya presentado nueva evidencia al Ministerio Público para que reconsidere su decisión.

En tanto, desde el Congreso se manifestaron a favor de la denuncia presentada contra Patricia Chirinos contra el fiscal de la Nación. La legisladora Norma Yarrow (Avanza País) pidió que la SAC le dé prioridad a este caso en lo que resta de la gestión de Lady Camones (APP) como presidenta de ese grupo.

“Acá sí necesitamos celeridad. Hemos visto que el interino Juan Carlos Villena está tomando decisiones bastante cuestionadas. Creo que el Ministerio Público ha demostrado una clara politización”, afirmó a la prensa en el Palacio Legislativo.

Jorge Montoya (Honor y Democracia) también opinó a favor y dijo que “es una forma de reabrir el caso” de las pruebas rápidas, a pesar de que la denuncia no tiene ese propósito directo, sino la destitución del fiscal de la Nación. “Vizcarra es responsable de miles de muertes que ha tenido el Perú durante la pandemia, por negligencia en su actuar como presidente”, afirmó.

El legislador también cuestionó la gestión de Juan Carlos Villena al frente del Ministerio Público. “Estamos hablando de una fiscalía que incita a la población a levantarse contra el Congreso. Eso lo descalifica totalmente como fiscal. Estas cosas tiene que solucionar en el menor tiempo posible”, afirmó.

La denuncia de Patricia Chirinos ocurre en un contexto de creciente tensión entre la Fiscalía de la Nación y el Congreso de la República. La semana pasada, el Ministerio Público emitió un comunicado para manifestarse en contra de un grupo de iniciativas parlamentarias que consideran que afectarían su autonomía, pronunciamiento rechazado desde el Legislativo.

Además, el despacho de Juan Carlos Villena investiga a decenas de legisladores y ha presentado un grupo de denuncias constitucionales contra algunos de ellos desde que asumió su cargo en diciembre pasado.