Por 16 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó este jueves el informe final que acusa al expresidente Pedro Castillo por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión por los actos de corrupción cuando estaba en el poder. Esto tras la denuncia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Pese a todos los elementos y testimonios que se conocen sobre la presunta corrupción en el gobierno de Castillo, votaron en contra de la acusación los congresistas Margot Palacios, Flavio Cruz, Segundo Montalvo (Perú Libre), Edgar Reymundo (Cambio Democrático), José Balcázar (Perú Bicentenario) y Hamlet Echevarría (Perú Democrático).
Ahora el informe, presentado por el legislador Diego Bazán (Avanza País) deberá ser ratificado por la Comisión Permanente y luego por el Pleno del Congreso. Así, la fiscalía podrá seguir con las siguientes etapas de la investigación contra el vacado exmandatario, quien cumple 18 meses de prisión preventiva pero por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre.
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El 11 de octubre, el Ministerio Público presentó la denuncia constitucional N° 307 contra Castillo y dos de sus exministro teniendo en cuenta que les corresponde la prerrogativa del antejuicio político (artículo 99 de la Constitución).
La denuncia alcanza a los exministros Geiner Alvarado (Vivienda) y el prófugo Juan Silva (Transportes) por los presuntos actos de corrupción en los casos Petro-Perú, Provías Descentralizado- MTC y Ministerio de Vivienda.
1.- Acusar al expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su presunta condición de líder; contra la administración pública - en la modalidad de tráfico de influencias agravado y cómplice del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión.
2. Acusar al exministro Juan Silva por los presuntos delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal, y colusión.
3. Acusar al exministro Geiner Alvarado por el presunto delito contra la Tranquilidad Pública, en la modalidad de organización criminal.