El congresista Juan Burgos Oliveros (Avanza País) solicitó a la Comisión de Fiscalización que solicite al abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, la entrega de los videos que posea sobre las visitas que recibió el mandatario en su vivienda de Breña.
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A través de un oficio enviado al titular de dicho grupo de trabajo, Héctor Ventura Ángel (Fuerza Popular), el legislador recordó que Eduardo Pachas realizó una conferencia de prensa este viernes donde proyectó un video de las visitas de la casa de Sarratea.
“Solicito a usted, le requiera con carácter de urgente que ponga a disposición de esta comisión, todos los videos que obren en su poder y que estén relacionados con las visitas a la casa de Sarratea, pues son insumos valiosos para la investigación”, manifestó.
Asimismo, en otro oficio, Burgos Oliveros solicitó a Ventura iniciar una investigación para determinar la existencia o no de algún tipo de responsabilidad de la fiscal de la Nación por suspender las investigaciones preliminares ordenadas contra Castillo Terrones.
Su pedido –según asegura- se basa en que existe un “peligro inminente” de que las “circunstancias urgentes e inaplazables” que permitan determinar la procedencia del delito desaparezcan, así como no haya posibilidad de asegurar los elementos materiales del delito, por factores de tiempo, espacio, políticos, entre otros.
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En base a lo anterior, el legislador pidió que la Comisión de Fiscalización cite a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, a fin de que informe y sustente detallada y documentalmente acerca de los “fundamentos fácticos y jurídicos” para disponer dicha medida.
Burgos Oliveros consideró “ilógico y falto de congruencia” que la titular del Ministerio Público, luego de disponer el inicio de la investigación preliminar contra el jefe de Estado, ordene también la suspensión de misma.
Como se recuerda, la Fiscalía de la Nación anunció que abrirá una indagación preliminar al mandatario por los casos Concesión Puente Tarata III, Adquisición de Biodiesel B100 y Ascensos militares.
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Por estos hechos se le atribuyen los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión en agravio del Estado. Sin embargo, esta investigación quedará aplazada hasta julio del 2026, fecha en la que concluye el mandato presidencial de Castillo Terrones.
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