El expresidente Martín Vizcarra pidió retrotraer el proceso de admisión de las denuncias constitucionales presentadas en su contra en el Congreso de la República, por su presunta vacunación irregular contra el COVID-19, caso conocido como el ‘Vacunagate’, alegando una presunta vulneración al debido proceso.
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Se trata de dos escritos presentados por el abogado del exmandatario, Fernando Ugaz, respecto a las acusaciones 422 y 424, y 423 y 427, las cuales han sido acumuladas en dos expedientes y declaradas admisibles por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
La defensa de Vizcarra Cornejo afirma que la subcomisión ha realizado una “calificación y resolución sobre la acumulación de manera paralela a su calificación de procedencia de la denuncia”, lo cual –desde su punto de vista- no está permitido.
“Primero, porque esa subcomisión no está facultada para hacer una calificación o emitir una decisión sobre la acumulación y segundo, porque recién con este informe se está declarando la procedencia y solicitando el plazo para la investigación; es decir, todavía no hay un plazo para el procedimiento parlamentario, pero ya se está decidiendo la acumulación, cuando esto último no corresponde a la etapa”, refirió.
El exjefe de Estado, también, argumenta vulneración al derecho a una imputación clara y precisa, pues detalla que no existe una imputación necesaria respecto a los hechos ni tampoco hay una “incriminación directa determinada en tiempo, lugar y modo de cómo se realizaron los hechos”.
Respecto a los delitos que se le imputan, como colusión, concusión, tráfico de influencia, negociación incompatible, falsificación de documentos, incluso organización criminal, el abogado de Vizcarra indica que no se menciona con qué funcionario de Sinopharm “supuestamente se habría coludido el imputado, o cuál es el documento cierto falsificado por dicha persona, menos aún se dice que cual es el contrato público relacionado con el ‘inoculación de muestras experimentales’”.
Finalmente, Martín Vizcarra alega vulneración del debido proceso al afectar su derecho a la presunción de inocencia, pues –desde su punto de vista- la subcomisión no ha presentado pruebas y se han dado a conocer “juicios de valor personales provenientes tanto de funcionarios públicos (congresistas) como de periodistas”.
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“Asimismo, se ha tomado conocimiento de los adjetivos propagados por miembros de la ‘Comisión Especial COVID 19’ los mismos que rechazamos por ser comentarios que en lugar de buscar esclarecer y encontrar la verdad, se pusieron la toga de inquisidores y muestran una clara postura política respecto a los hechos investigados. Calificativos que evidencian la comisión de esta afectación a mi derecho fundamental”, acotó.
En el escrito se citan declaraciones dadas por Marcos Pichilingue Gómez y Erwin Tito Ortega (Fuerza Popular); Ricardo Burga, Wilmer Bajonero y Otto Guibovich (Acción Popular); Matilde Fernández (Somos Perú); María Retamozo Lezama (Frepap); José Luis Ancalle Gutiérrez (Frente Amplio); y Edgar Alarcón Tejada y Posemoscrowte Chahua (ambos de Unión por el Perú), tras la declaración de Germán Málaga, investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y que estuvo a cargo de los ensayos clínicos de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm.
“Por tanto (…) pido tenga por advertido la vulneración al debido proceso y en atención a ello, se retrotraiga el proceso hasta la fecha en la cual se produjo la trasgresión”, señaló finalmente la defensa de Vizcarra Cornejo.
Denuncias se verán este lunes
La Comisión Permanente revisará este lunes 1 de marzo los informes de calificación de las denuncias constitucionales aprobadas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra Vizcarra y las exministras Pilar Mazzetti (Salud) y Elizabeth Astete (Cancillería) por el ‘Vacunagate’.
Se trata de la acusaciones acumuladas 422 y 424, la primera presentada por la congresista María Teresa Cabrera Vega (Podemos Perú) contra Vizcarra Cornejo por la presunta comisión de delitos de organización criminal, concusión, colusión agravada, peculado doloso, malversación, cohecho pasivo propio, entre otros delitos.
En el caso de la 424, fue formulada por Orlando Arapa Roque y Rubén Ramos, de la bancada Nueva Constitución, contra Martín Vizcarra por la presunta comisión del delito de negociación incompatible, tipificado en el artículo 399 del Código Penal.
Además, están las denuncias 423 y 427, acumuladas por infracción a la Constitución Política del Perú. La primera contra el exmandatario por la presunta infracción de los artículos 38, 39 y 118 (inciso 1), mientras que en el caso de las exministras Mazzetti y Astete, por la presunta infracción constitucional de los artículos 38 y 39 de la Carta Magna.
Finalmente, la denuncia 427, que plantea que Martín Vizcarra habría infringido los artículos 2 (inciso 2), 7, 9, 39 y 118 (inciso 1) de la Constitución.
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