El sábado 2 de octubre, un día antes de que el presidente Pedro Castillo adelantara en Pichari, Cusco (que forma parte del Vraem) que su administración buscará industrializar la hoja de coca, el abogado Luis Barranzuela exhortó a los cocaleros a hacerse sentir frente al jefe de Estado y a defender la idea de “la no erradicación” de sus cultivos y de la suspensión de esta.
“Mañana ustedes háganse sentir frente al presidente de la República, no a la erradicación, suspensión de la erradicación, háganse sentir […] En los próximos días nuestro presidente va a anunciar el cambio del director de Devida. ¿Quién va a estar al frente de Devida? Esa expectativa la tiene el congresista Guillermo Bermejo, porque es una institución importante. Y si hay que refundar [Devida], se tendrá que refundar, se tiene que escuchar la voz del cocalero”, subrayó, en una grabación que dio a conocer “Perú21″. Cuatro días después, Barranzuela juró como nuevo ministro del Interior.
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Barranzuela, en apenas una semana en el cargo, ha provocado una crisis en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros, no del Ministerio del Interior.
Sus duras críticas al organismo generaron la renuncia irrevocable del director general, Fidel Pintado, quien ha advertido que las expresiones del ministro dan “la impresión de que va en línea contraria” a la institución.
Pedro Yaranga, experto en temas de narcotráfico, alertó- en base a información que le han brindado personal de la Policía Nacional y del proyecto especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (Corah) - que, desde la designación del ministro, los operativos de erradicación en el Vraem han sido suspendidos y aún no hay una nueva fecha.
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“Esto va en contra del plan que se había diseñado desde el gobierno anterior. Simplemente tienen que cumplir, porque es parte de un calendario anual. Usualmente, las erradicaciones se realizan hasta noviembre, en diciembre ya no se hace, porque viene la época de lluvia y se paraliza todo hasta marzo. Pero si no realizan operativos en octubre y noviembre, le estás dando oportunidad a los narcotraficantes para que continúen operando en esos meses [de lluvia]”, explicó Yaranga a El Comercio.
Refirió que es probable que el Perú no llegue este año a su meta de erradicación, y ello puede generar “serias observaciones” por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, que apoyan económicamente la lucha antidrogas en el país. Aunque aclaró que es poco probable que se vaya a perder el respaldo económico internacional.
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Un aumento de los cocales
El exministro del Interior Rubén Vargas consideró que los mensajes que está dando un sector del gobierno y de Perú Libre respecto a la lucha contra las drogas van en “en el sentido contrario” a los objetivos planteados y aprobados por el propio Ejecutivo y el Acuerdo Nacional, uno de ellos “controlar” los cultivos ilegales de hoja de coca.
Vargas detalló que en la actualidad hay 55.000 hectáreas de hoja de coca en el país, cuya cosecha asciende anualmente a 140.000 toneladas. “De estas, solo 12.000 toneladas son para el consumo tradicional y legal. Es decir, más del 90% termina convertida en cocaína”, manifestó a este Diario.
El también exjefe de Devida recordó que en el 2020, a causa de la pandemia de COVID-19, el Perú solo pudo erradicar 6.000 hectáreas de hoja de coca, cuando la meta era de 25.000. Y señaló que este año, estos números no han aumentado, a pesar de que la administración de Francisco Sagasti priorizó al personal del proyecto especial Corah en la vacunación.
“Con lo que no se ha erradicado el año pasado y este, va a generar un aumento de las cifras que ya teníamos, es probable que terminemos el 2022 o comencemos el 2023 con más de 100.000 hectáreas, que se van a convertir en cocaína. Se ha vacunado a los trabajadores del Corah, no había pretexto para que el actual gobierno suspenda la erradicación o no se abran nuevos frentes de erradicación. ¿Cuáles han sido las razones técnicas? Que el ministro responda”, subrayó.
Vargas afirmó que una de las consecuencias será que el narcotráfico “se va a expandir” al punto de que el Perú puede retornar a “escenarios de la década de 1990″.
“El narcotráfico es la principal amenaza a la democracia, porque es un elemento corruptor, puede corromper a la Policía, a las Fuerzas Armadas, al Ministerio Público y a los propios políticos. Y la segunda consecuencia será a nuestras relaciones con la comunidad internacional, esta se verá seriamente afectada. Vamos a terminar en la lista de los países que no enfrentan al narcotráfico, como Venezuela”, remarcó.
Un paraíso para el narcotráfico
El exministro del Interior Carlos Basombrío explicó que la hoja de coca se produce en tres países de la región: Colombia, Bolivia y el Perú. Agregó que, en los últimos años, Colombia ha reducido “significativamente” estos cultivos, lo que significa que el narcotráfico necesita de otros lugares para sembrar.
“Este es un momento en el cual el Perú debe estar atento para evitar que se multipliquen nuestros cultivos. En los dos últimos años, por la pandemia y otras razones, se ha erradicado muy poco. Si no erradicamos, es probable que, en uno o dos años, gran parte de lo que se dejó de producir en Colombia, se produzca en el Perú. Esto significaría que el Perú será un paraíso para el narcotráfico en Sudamérica. Y esto será responsabilidad de las decisiones ideologizadas y simplistas del nuevo ministro del Interior”, manifestó a El Comercio.
Basombrío, además, dijo que es falso que la erradicación de la hoja de coca dependa del apoyo económico que da Estados Unidos.
“Eso pudo haber sido hace 10 años, actualmente, el 90% de los recursos [para la erradicación] son de fondos peruanos. Es tarea del Perú evitar que el narcotráfico se desarrolle con naturalidad, no es que lo hagamos para que Estados Unidos no se enoje, el Perú ha firmado acuerdos internacionales de lucha antidrogas”, expresó.
El exministro señaló que el narcotráfico genera la sobrevivencia de los remanentes de Sendero Luminoso en el Vraem, también sicariato y micro comercialización en las ciudades, por la alta cantidad de cocaína que circula.
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Demolición y “bombardeo” a instituciones
Yaranga, además, sostuvo que el ministro Barranzuela no contento con generar dudas sobre la erradicación de la hoja de coca, ha “bombardeado” Devida “por dentro”, al referir que existen actos de corrupción sin mostrar pruebas.
“Obviamente, el director ejecutivo de Devida se ha sentido ofendido por este caso y ha presentado su renuncia irrevocable, como debería hacerlo cualquier funcionario que recibe este tipo de amenazas. Barranzuela no es cualquier persona, es un ministro”, complementó.
El experto en temas de narcotráfico dijo que el titular del Interior debió llamar a su despacho a Pintado y preguntarle cuáles son los avances que ha hecho Devida.
“Este señor ni siquiera maneja la información de primer mano. Sin embargo, empieza a ofender a una institución que dirige la cadena de lucha contra el narcotráfico”, mencionó.
Yaranga aseguró que la reciente crisis en Devida es “más que suficiente” para que el Congreso interpele al ministro del Interior, porque “está favoreciendo al narcotráfico”. “Este señor no tiene la capacidad ni la eficiencia para el cargo, debe renunciar y si no lo hace, el Parlamento tiene que interpelarlo”, acotó.
Para Vargas, las expresiones de Barranzuela en contra de Devida son parte de “una estrategia de demolición” contra las instituciones que luchan contra el tráfico de drogas y controlan los cultivos ilícitos que ha iniciado un sector del partido de gobierno. ¿El objetivo? “Utilizar a los cocaleros como una base social para sus intereses políticos”, advirtió.
El exministro del Interior señaló que, a la designación del abogado de Perú Libre en el Mininter, se asocia también el proyecto de ley que trabaja el congresista Guillermo Bermejo, procesado por el presunto delito de terrorismo, para “legalizar” toda la hoja de coca.
“Quieren legalizar toda la producción, a sabiendas de que más del 90% termina en fosas de maceración [para cocaína]”, complementó.
Vargas indicó que la jefe del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, tiene dos caminos por elegir: aceptar la renuncia de un funcionario público “honesto como Pintado” y mantener en el Mininter a Barranzuela, quien “está atacando alevosa y temerariamente a la institución rectora de la lucha antidrogas” o lo contrario. “Vamos a ver con quién se queda”, finalizó.
Basombrío dijo que Barranzuela- expulsado en dos oportunidades de la Policía Nacional e investigado por presuntamente recibir dinero ilícito- en circunstancias “normales” nunca debió ser designado como titular del Mininter. Añadió que Vásquez debe actuar y rectificar este error. “De lo contrario perderá autoridad, y no debería ser ratificada [por el Congreso]”, expresó.
El exministro señaló que cualquier persona que ingrese por Pintado en Devida no podrá realizar una buena labor, si el actual ministro del Interior se mantiene.
“Se necesita a una persona que le dé continuidad a los esfuerzos que viene haciendo Devida, sobre todo en los últimos años, una persona que ofrezca una estrategia de cultivos alternativos, es muy difícil competir con el narcotráfico. Y todo esto debe ir acompañado de la erradicación que la debe ejecutar la Policía. Pero no hay nadie que pueda hacer una buena gestión en Devida, si Barranzuela continúa”, acotó.
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Vargas explicó a El Comercio que el principal rol de Devida es articular con todos los actores del Estado una estrategia para la lucha contra las drogas, especialmente con el Ministerio del Interior. “¿Cómo será posible esta coordinación si el ministro ataca de manera alevosa a la institución?”, comentó.
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