La Defensoría del Pueblo rechazó este martes, a través de un pronunciamiento, los discursos o actos que “suponen el desconocimiento de los resultados” de las Elecciones Generales 2021, que serán anunciados por las autoridades electorales, así como “cualquier intento de afectar el orden constitucional”.
“Rechazamos todo discurso o acto que suponga el desconocimiento de los resultados electorales que habrá de anunciar oficial y oportunamente la autoridad electoral; y de cualquier intento de afectar el orden constitucional. La democracia es un valor muy preciado y es nuestro deber defenderla en todo momento y circunstancia. La sucesión democrática del poder debe darse dentro de los procedimientos legales y constitucionales previstos”, señaló en un comunicado difundido en sus redes sociales.
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La institución presidida por Walter Gutiérrez afirmó también que durante la supervisión del desarrollo de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, no se advirtió “de parte de las autoridades electorales ningún intento de alterar la voluntad popular”. Por lo que, indicó, que el concepto de “fraude” referido a hechos en las mesas de votación, está bajo la responsabilidad de estas.
“Afirmamos de manera categórica que, durante la supervisión electoral realizada por nuestra institución, a lo largo del proceso electoral no se ha advertido de parte de las autoridades electorales ningún intento de alterar la voluntad popular. El concepto jurídico de ‘fraude’ está referido a hechos presuntamente ocurridos en las mesas de votación y cuya dilucidación está, como lo hemos señalado, en manos de la autoridad electoral”, refirió.
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La Defensoría expresó su confianza en las instituciones del sistema electoral, “únicas instancias en las que se cuentan los votos y se resuelven las impugnaciones, observaciones y solicitudes de nulidad”.
Además, reiteró su rechazo a los actos de hostilización hacia el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas y hacia el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.
“El derecho a la protesta debe ejercerse en armonía con otros derechos; y, en ningún caso, este es compatible con actos de perturbación de la tranquilidad en los domicilios. Hemos hecho un llamado a la intervención del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú y venimos supervisando el cumplimiento de sus funciones”, enfatizó.
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