Los parlamentarios no agrupados Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, quienes aparecen en videos ofreciendo al legislador Moisés Mamani apoyo en obras de su región a cambio de que vote en contra de la vacancia presidencial, podrían terminar siendo desaforados en el Congreso de la República.
Ayer, la Junta de Portavoces anunció el inicio de un proceso de denuncia constitucional contra los citados congresistas, y también contra Carlos Bruce y Mercedes Araoz (que además de ministros son parlamentarios oficialistas). Estos últimos no aparecen en los videos difundidos por Fuerza Popular, pero están mencionados en ellos.
“Vamos a iniciar el proceso de denuncia constitucional, es decir, el desafuero, aprobado por la mayoría, a excepción de la abstención de la bancada oficialista, a los cinco parlamentarios que son materia de este video”, anunció Luis Galarreta, presidente del Congreso.
En conferencia de prensa y acompañado por los voceros de las diferentes bancadas, Galarreta añadió que para evitar que “estos hechos nauseabundos contaminen el sistema democrático”, el Congreso tiene que reaccionar “clara y tajantemente”.
De prosperar el proceso de acusación constitucional contra los legisladores implicados, estos podrían ser suspendidos, inhabilitados o hasta destituidos por infracción constitucional.
La Junta de Portavoces también acordó crear una comisión investigadora multipartidaria para que “en el más breve plazo se constituya e investigue” la presunta compra de votos desde el gobierno con el fin de evitar la vacancia del ahora renunciante presidente Kuczynski.
—En la fiscalía—Por la tarde, Galarreta acudió con el procurador del Congreso, Edwin Lévano Gamarra, a la Fiscalía de la Nación para presentar la denuncia correspondiente contra los presuntos involucrados en actos ilícitos mostrados en los videos y audios difundidos el pasado martes.
Galarreta reconoció que estuvo coordinando desde el martes con el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien “está en absoluta disposición de iniciar las investigaciones y ha solicitado los audios y videos”.
En la denuncia presentada ayer figuran, según Galarreta, funcionarios, parlamentarios, ministros y ex ministros. El legislador fujimorista mencionó al titular de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, y al ex primer ministro Fernando Zavala, entre otros. En la relación también está Alexei Toledo, empleado del Congreso y asesor de Kenji Fujimori, quien aparece en uno de los videos.
Respecto al proceso de desafuero que el Congreso ha acordado iniciar, tratamos de conocer la opinión de los implicados, pero no respondieron las llamadas.
El congresista y ministro de Vivienda, Carlos Bruce, escribió en su cuenta de Twitter que estaba “con la conciencia tranquila”. Luego, agregó: “Pueden comprobar que no hemos beneficiado a nadie ilegalmente ni con obras ni con puestos de trabajo en Tumbes o en cualquier lugar del país”.
–Consecuencias legales–El constitucionalista Samuel Abad consideró que, si un congresista comete un delito en el ejercicio de su función, como negociar votos para una elección en el Congreso, es pasible de ser denunciado constitucionalmente.
El abogado explicó que la investigación del delito le corresponde al Ministerio Público y que el proceso que realizará el Congreso terminará pasando al Poder Judicial; antes de ello, como parte del antejuicio, podrá suspender al congresista denunciado.
El también constitucionalista Natale Amprimo sostuvo que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de los congresistas permitirá que la fiscalía los investigue y el juez los procese, al margen de que puedan ser inhabilitados políticamente por infracción constitucional hasta por diez años.
En cuanto a la no inclusión en el proceso de desafuero del congresista Mamani, quien realizó las grabaciones en secreto, Galarreta dijo que eso fue el acuerdo de la Junta de Portavoces, porque Mamani ayudó a conseguir las pruebas sobre la ‘compra’ de votos.
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