El juez superior Juan Riquelme Guillermo Piscoya, coordinador del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios (SEDCF) de la Corte Superior de Justicia para casos de Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios, anunció a El Comercio que se aumentará el apoyo logístico y de personal para la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, quien analizará el acuerdo de colaboración que el Ministerio Público firmó con la empresa Odebrecht.
El día de hoy la Fiscalía ha presentado el acuerdo firmado con la empresa Odebrecht para el control de legalidad ¿Hubo algún pedido de la jueza María de los Ángeles Álvarez de mayor apoyo logístico?
Así es, me han informado que hoy se ha presentado el acuerdo de colaboración con Odebrecht y entiendo que el expediente es muy voluminoso. Se ha puesto en conocimiento que la doctora Álvarez está pidiendo el apoyo logístico necesario y se le va a brindar todas las facilidades.
¿Se le dotará de logística y personal que ha requerido la magistrada Álvarez Camacho?
Se ha dado disposiciones para que se le den todas las facilidades del caso y dotar de apoyo logístico y de personal a su despacho. Tanto en el ambiente necesario para la custodia debida del expediente; porque ese expediente se maneja con reserva dada la materia de que se trata; y, en segundo lugar, con el personal administrativo que apoye en las labores propias del personal jurisdiccional.
Para que las personas tengan claro este aspecto ¿El análisis del acuerdo será exclusivo de la doctora Álvarez?
En efecto, el aspecto jurisdiccional es exclusivo de la doctora Álvarez. El apoyo es solo el apoyo logístico y la labor que desempeña el personal jurisdiccional es el propio que desempeña un especialista de causas o asistente judicial. Es un apoyo operativo y de acuerdo con las instrucciones que imparta la juez María de los Ángeles Álvarez.
En líneas generales ¿Qué análisis corresponde aplicar a un acuerdo como el que se ha firmado con la empresa Odebrecht?
Como cualquier acuerdo de colaboración el análisis tiene que, en primer lugar, hacer una calificación jurídica de los hechos y de los delitos que sean materia del acuerdo. Un segundo análisis tendrá que versar sobre las medidas que se habrían acordado entre el Ministerio Público y la persona jurídica, en este caso Odebrecht; algo que tiene que ver con los beneficios y obligaciones que habría asumido la empresa con el Ministerio Público. Y en tercer lugar, se tendrá que efectuar el control de legalidad respecto de la reparación civil.
¿En este punto, es factible que se pueda solicitar aclaraciones o subsanaciones?
Eso ya le compete determinarlo exclusivamente a la jueza que es la que tiene el caso, quien va a conocer el caso que es la doctora María de los Ángeles Álvarez Camacho.
Este acuerdo, para la justicia peruana, ¿es importante cerrarlo jurisdiccionalmente?
Bueno, va a depender del trabajo que ha hecho el Ministerio Público y de las condiciones en las que se haya celebrado el acuerdo. Al órgano jurisdiccional le compete solo realizar el control de legalidad. El órgano jurisdiccional hará su trabajo y será un trabajo reflexivo, concienzudo, respetando el marco legal y constitucional establecido en nuestro país.