El pasado 17 de diciembre, a solo diez días de haber asumido funciones, la presidenta Dina Boluarte experimentó su primer desplante público con autoridades regionales. Werner Salcedo, gobernador electo por Cusco, y Percy Godoy, su par en Apurímac, rechazaron la invitación a Palacio de Gobierno para dialogar con la nueva mandataria. Esto, en medio del estallido social que dejó más de 25 fallecidos y que se originó tras la asunción de Boluarte.
Junto a Salcedo y Godoy, otras cinco autoridades regionales coincidieron en el rechazo a la gestión de la mandataria. Fabián Noriega, electo por Áncash, expresó en entrevista con Canal N que la salida a la crisis política –agudizada por el autogolpe fallido del expresidente Pedro Castillo– pasa por “que se vayan todos [el gobierno actual y los 130 congresistas]”.
“La presidenta, la señora Dina Boluarte, dijo que si es que vacaban al presidente Castillo, ella se iba con él. Un político que no cumple lo que dice es una traición al pueblo”, comentó Noriega.
Desde Cajamarca, el entrante gobernador Roger Guevara dijo apoyar la posición popular de la región en contra de la nueva mandataria.
“En términos generales, es el tema del cierre del Congreso y el tema del adelanto de elecciones. La mayor cantidad de la población no está de acuerdo con las elecciones en el 2024 [sugiriendo que se inclina por un anticipo inmediato de los comicios]”, refirió Guevara a Cajamarca Noticiosa. Similar postura expresaron Rohel Sánchez, Zósimo Cárdenas y Walter Grundel, las nuevas autoridades de Arequipa, Junín y San Martín, respectivamente.
Desafíos para el poder central
El director del Observatorio Regional de 50+1, Paulo Vilca, explicó a El Comercio que el reto principal de Boluarte hacia el 2024 –año para el que se prevén nuevas elecciones generales– será lograr sintonía con las regiones, especialmente con las del sur andino.
“Es muy probable que el gobierno central tenga importantes limitaciones para ganar autoridad en lugares como Puno, Cusco y Apurímac. También en otras circunscripciones como Cajamarca o Áncash”, estimó. Una de estas limitaciones, según el especialista, implica garantizar paz social mientras se busca construir legitimidad desde cero. Esto, señala, podría tomarle a Boluarte más tiempo que el que dispondrá como jefa del Estado.
“Usualmente, los gobernadores regionales son bastante proclives a adoptar las demandas y reivindicaciones de la ciudadanía en sus regiones. Son pocos los casos de gobernadores que tienen posturas políticas distintas al ánimo general de la de la región. Entonces, habrá algunos gobernadores entrantes que actuarán con pragmatismo en algunos casos o, por supuesto, también con interés en empezar bien sus gestiones y se acercarán al gobierno nacional. Pero, seguramente, también habrá otros que mantendrán una postura de resistencia”, puntualizó.
Vilca agregó que existen los medios para buscar consensos desde la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. No obstante, estima que la armonía dependerá del desarrollo de la coyuntura política, de la disposición de diálogo desde los gobiernos subnacionales y de quién tome la presidencia de la Asamblea, cuyo último representante principal fue Jean Paul Benavente [saliente gobernador de Cusco].
El analista político Rober Villalva indicó que la tensión entre algunas regiones y el poder central puede acentuarse en caso de que algunos gobernadores opten por ser oposición como vehículo de popularidad. Esto, recordando que, al margen de las 9 regiones donde hubo segunda vuelta, en las 16 restantes los candidatos a gobernadores triunfaron con un tope de votos entre un 30% y un 46%.
“Para el gobierno central es muy importante construir consensos políticos con cualquier nivel de gobierno. Los gobernadores y alcaldes son una suerte de puentes sociales con la población. Pero, considerando que muchos de los gobernadores entrantes no gozan de legitimidad política porque ganaron con escasos márgenes de votos, es posible que intenten sintonizar con su región subiéndose a la ola de protesta en contra de Dina Boluarte”, manifestó.
Según documentos del Ministerio Público, 20 de los 25 nuevos gobernadores tienen investigaciones por diversos delitos, En su mayoría, por casos de presunta corrupción correspondientes a períodos anteriores como funcionarios.
¿La razón de su triunfo electoral? “Creo que hay varios factores [por los que la población sigue eligiendo a personas con antecedentes]. Son políticos conocidos, persistentes en postular y que movilizan recursos para grandes campañas. Esto último muchas veces está relacionado con potenciales casos de corrupción, donde, una vez en ejercicio del poder, terminan favorecidos con licitaciones de obras aquellos actores que financiaron la campaña”, sostuvo Vilca.
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