La mayor cantidad de recursos del Legislativo se han asignado al pago de remuneraciones y pensiones, que representan más del 85% de su actual presupuesto anual (S/975 millones). Según cálculos del Consejo Privado de Competitividad (CPC) compartidos a este Diario, de enero a julio el Congreso ya ha desembolsado S/468,7 millones en esta cuenta, 15,6% más respecto del mismo lapso del 2023. Esta cifra es la tercera más alta en entidades del gobierno nacional, luego de la Defensoría del Pueblo (que creció en 20,4%) y la Contraloría General de la República (que subió en 44,8%).
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Según el CPC, las funciones que concentraron el mayor aumento presupuestal fueron las de representación (acciones de la Mesa Directiva y el Parlamento Andino) y la gestión administrativa (operaciones y mantenimiento). Si bien entre el 2019 y el 2013 el número de trabajadores aumentó en 10%, el gasto para las remuneraciones lo hizo en 92% (pasando de S/244 millones a S/467,7 millones).
Tras una revisión de los gastos en planilla congresales, la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio encontró que, a julio del 2024, había 1.435 trabajadores de la organización parlamentaria (personal de confianza en oficinas, comisiones y grupos parlamentarios). De estos, 904 trabajaban solo en despachos congresales, y 290, en comisiones. En tanto, otros 2.011 pertenecían al servicio parlamentario (a cargo del funcionamiento administrativo), mientras que había 577 pensionistas.
En promedio, el gasto en remuneraciones de cada despacho congresal (que alberga hasta siete asistentes) supera los S/47.300 mensuales, cifra equivalente a 46 sueldos mínimos.
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Trasfondo político
Para José Cevasco, ex oficial mayor del Congreso, el excesivo aumento del gasto en personal se debe al fraccionamiento de las bancadas. Cuando las mesas directivas sucesivas necesitan soporte político, empiezan las concesiones que generan más contrataciones. Anota que el número de empleados actual es similar al que existía en 1992, cuando el Parlamento estaba compuesto de 180 diputados y 60 senadores.
“Si el Congreso tuviera una mayoría parlamentaria absoluta o relativa, ellos serían los responsables de la marcha administrativa y no permitirían aumentos presupuestales porque ante la opinión pública van a ser los responsables”, explica.
David Tuesta, presidente del CPC, señala que, al igual que cualquier funcionario, la remuneración de un congresista debe estar estrechamente ligada a la calidad o productividad, con lo cual se hace difícil que merezcan algún incremento. “El aumento que se ha dado el Congreso no tiene justificación técnica, responde a apetitos políticos. De otro lado, hay una debilidad en el Ejecutivo para contenerlo presupuestalmente”, anota.
