El Primer Juzgado Penal Nacional a cargo del juez Richard Concepción viene realizando este jueves la audiencia en la que se evalúa el pedido de la fiscalía para que se ordene la comparecencia restringida contra la abogada Giulliana Loza, quien ha sido incluida como investigada en la indagación por los aportes a la campaña de Fuerza 2011.
El 13 de diciembre se conoció que el fiscal José Domingo Pérez dispuso formalizar investigación preparatoria contra Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, y otros cinco letrados: Arsenio Oré Guardia, Edward García Navarro, Luis Ernesto Lazo Mendoza, Lorena Gamero Calero y Dánae Calderón Castro. Todos ellos por el presunto delito de obstrucción a la justicia.
Para asegurar el normal desarrollo de esta investigación, la fiscalía ha solicitado que la abogada Loza afronte el proceso con restricciones. Pérez Gómez ha pedido al juez que ella no se comunique de manera directa o indirecta con los investigados y testigos “porque quebró su deber de defensa y se tiene que cautelar la investigación”.
Pérez manifiesta que Loza, como abogada vinculada al estudio Ore Guardia, obstaculizó e impidió que testigos que aparecían como aportantes de Fuerza 2011 declararan la verdad. Según el fiscal, ella amenazó e indujo a estos testigos para que dieran testimonios falsos.
Entre los elementos de convicción que la fiscalía ha presentado contra Loza figura la declaración del investigado Vicente Silva Checa que la sindica como una abogada de Fuerza Popular que le hacía consultas.
También figura como elemento de convicción un documento hallado durante la incautación en la casa de Silva Checa que pertenece al estudio de la abogada Loza y en el que se presentan análisis, sugerencias y acciones que se deben tomar en la investigación seguida contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular por el tema de los aportes.
José Domingo Pérez también ofrece como elemento de convicción declaraciones de los testigos, Renato Castro y José Luis Somocurcio, quienes indicaron que Loza les pidió no ir a declarar a la primera ni segunda citación para ganar tiempo y preparar bien lo que tenían que decir ante la fiscalía para simular que había aportado a la campaña pese a que no lo hicieron.
Loza había manifestado anteriormente que su inclusión en la investigación es un atentado contra el derecho de defensa de su defendida Keiko Fujimori. “Es una burda maniobra del fiscal para obstruir, deslegitimar y dejar sin defensa a Keiko Fujimori”, dijo a través de un video cuando se conoció la noticia.
Sobre el pedido de la comparecencia, el fiscal Pérez ha manifestado hoy que se está solicitando “una restricción mínima que no afecta a su labor de abogada”. Según él, de imponerse la medida de restricción no afectará la labor de Loza en su defensa técnica de la lideresa de Fuerza Popular, porque en ese restricción no estaría incluida la posibilidad de que siga comunicándose con sus clientes Keiko Fujimori y Mark Vito.
A su turno, la abogada Loza dice que pese a haber solicitado declarar, el fiscal no la ha convocado en ningún momento desde que la incluyó en la investigación.
Aseguró ante el juez que “nunca he actuado indebidamente, jamás he delinquido, jamás he pasado las fronteras de lo legal” y negó ser abogada de Fuerza Popular.
La letrada sostuvo que no ha amenazado a ningún testigo ni ha obstaculizado la declaración de nadie. Agregó que las declaraciones de los testigos protegidos citados por el fiscal en su contra “no sirven de elementos de convicción sino que, por el contrario, no tendrían información de calidad para sustentar el requerimiento fiscal”.
Loza aseguró que no hay una supuesta posibilidad de obstrucción en la investigación de su parte y solicitó al juez que se rechace el pedido de comparecencia con restricciones hecho por el representante del Ministerio Público.