Unidad de Investigación
Mientras en Lima el Poder Ejecutivo y el Congreso llegaban a una aparente tregua en el enfrentamiento político de las últimas semanas, a 750 kilómetros de la capital, en Kimbiri, distrito de la región Cusco, Ricardo Soberón, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), sellaba un polémico acuerdo con los cocaleros del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
Soberón, exasesor de organizaciones cocaleras designado en Devida por la entonces primera ministra Mirtha Vásquez, anunció la ejecución del “pacto social ciudadano”, mediante el cual el gobierno de Pedro Castillo permitirá que los agricultores reduzcan de forma voluntaria los espacios destinados al cultivo de hoja de coca, insumo usado en la elaboración de droga.
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Este compromiso fue expuesto por el titular de Devida el jueves 17 último ante los dirigentes de la Federación de Productores Agrarios del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (Fepavrae), que demandan al Estado la cancelación total de la erradicación de cocales en el ámbito nacional y la expulsión de la agencia estadounidense Usaid, que financia los programas de desarrollo alternativo.
En noviembre pasado, la dirigencia de la Fepavrae, que representa a más de 20.000 agricultores de 14 distritos de las regiones Cusco y Ayacucho, celebró la designación de Soberón en Devida. En un comunicado, el gremio señaló que él era “un permanente aliado de las organizaciones cocaleras por la justa defensa de la hoja de coca”.
En ese pronunciamiento, los agrococaleros recordaron al gobierno la promesa del cese inmediato de la erradicación en el ámbito nacional y la legalización de la coca: “Planteamos al presidente Castillo y al Dr. Soberón seguir la agenda de la coca”.
–Agenda común–
Los miembros de la junta directiva de Fepavrae fueron renovados hace 20 días, pero todo indica que se mantendrán las mismas demandas.
Ever Romero Aguirre, agrococalero del distrito de Llochegua, fue elegido secretario general de ese gremio con 90 votos. Su campaña fue netamente cocalera: por la formalización de quienes siembran hoja de coca y por la industrialización de este tipo de cultivo.
Este dirigente del Fepavrae es cercano a la posición de Julián Quispe ‘Cheldo’, cocalero que se reunió con Castillo en la campaña presidencial para comprometerlo en una agenda por la defensa de la coca.
Sin embargo, el titular de Devida cree en la voluntad de este gremio para reducir por iniciativa propia los cultivos de coca del Vraem, que son vendidos casi en su totalidad al narcotráfico.
“Fepavrae es una organización estratégica para llevar a cabo la propuesta, es quizá la más importante de todo el Vraem”, afirmó al final de un encuentro, que se inició recordando a la fallecida exparlamentaria andina Elsa Malpartida, dirigente cocalera que fue investigada por su vinculación con Sendero Luminoso en el valle del Huallaga.
–Desactivar Enaco–
Un punto clave del “pacto social ciudadano” con los cocaleros propuesto por el gobierno de Castillo es la desactivación de la Empresa Nacional de la Coca (Enaco).
“Hay un sistema contra la coca, el Estado que ha recibido el presidente [Castillo] es anticoca, pero él ha venido y ha señalado el compromiso que tiene”, manifestó Soberón en el evento con los cocaleros.
En una radio local en el Vraem, el jefe de Devida precisó: “Si queremos liquidar Enaco, se nos abre dos posibilidades: pedimos facultades legislativas para reformar este paquete y mejorar la lucha contra el narcotráfico o presentamos un proyecto de ley y que el Congreso se encargue de producirlo”.
Soberón no dudó en mencionar el apoyo del congresista Guillermo Bermejo, quien ya presentó un proyecto de ley que apunta a la industrialización de la coca, similar a la Ley General de la Coca, creada por Evo Morales durante su gestión como mandatario de Bolivia.
Fepavrae ha señalado que trabajará con el legislador “Bermejo y el expresidente Evo Morales en defensa de la coca y de la soberanía nacional”.
Además, el titular de Devida aseguró que este plan de autoerradicación permitirá la reducción de 27.000 hectáreas a 26.000 hectáreas de cocales solo en el Vraem, a finales de este año.
Analistas consultados por El Comercio opinaron que el giro anunciado en la política antidrogas es inviable.
El exministro del Interior Rubén Vargas consideró que la campaña del gobierno según la cual el cocalero erradicará sus sembríos de forma voluntaria es un modelo que fracasó en el pasado.
“El presidente ejecutivo de Devida está promocionando el proyecto de ley presentado por el congresista Guillermo Bermejo”, dijo.
Añadió que “por tercera vez pretenden vendernos ‘agua arracimada’, pero esta no es inocua, favorecerá al narcotráfico que financia al terrorismo y genera crimen organizado en las ciudades”.
En tanto, Pedro Yaranga, experto en temas de seguridad, cuestionó la posibilidad del éxito que podría tener la erradicación voluntaria. Calificó de fallida la aplicación de este tipo de medidas.
“Yo recibo [dinero] y luego autoerradico no tuvo éxito alguno antes”, refirió en diálogo con este Diario.
Devida afina su agenda cocalera en el Vraem
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